Junto con el proyecto del Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei envió al Congreso su anunciada iniciativa para blindar el equilibrio fiscal. Se trata de un proyecto de ley denominado Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca establecer un “marco jurídico-institucional permanente destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda”.
El tratamiento legislativo del Presupuesto 2026 comenzará en los próximos días y, en paralelo, se discutirá este nuevo proyecto en la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado libertario José Luis Espert. Su objetivo central es consolidar el equilibrio fiscal y sancionar el déficit.
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En los fundamentos, el Poder Ejecutivo sostiene que “se parte de la convicción de que la previsibilidad y la disciplina en la gestión fiscal son condiciones necesarias para promover el desarrollo económico sostenido, fomentar la inversión productiva y proteger los derechos patrimoniales de los ciudadanos”.
Y agrega: “Cada peso que gasta el Estado Nacional es soportado por sus ciudadanos, fundamentalmente a través de impuestos”.
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Milei remarcó que “la reconstrucción de la República Argentina requiere continuar con el compromiso inclaudicable de mantener el déficit cero y eliminar el recurso al financiamiento monetario del déficit fiscal, único camino que permitirá asegurar la estabilidad monetaria y financiera, promover el empleo y el desarrollo económico, y continuar reduciendo la pobreza y la inflación”.
El texto también destaca el rol del Congreso Nacional en la “defensa del valor de la moneda”, tarea que —según el proyecto— debe concretarse “mediante la sanción de leyes que limiten la emisión y que garanticen presupuestos equilibrados, sin promover gastos no previstos o sin recursos previamente garantizados”.
Reglas fiscales, sanciones penales y control del gasto
El proyecto consta de 19 artículos divididos en cuatro títulos. El primero establece reglas fiscales estrictas: obliga a que el Presupuesto General proyecte un resultado equilibrado o superavitario, y prohíbe expresamente los déficits financieros.
Además, introduce normas para disciplinar el gasto del Poder Legislativo, exigiendo que toda nueva ley de gasto esté incluida en el presupuesto del ejercicio siguiente. Cualquier norma que viole estas reglas será considerada nula de nulidad absoluta e insanable.
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También se exige que las iniciativas parlamentarias vengan acompañadas de un informe de impacto presupuestario de mediano plazo, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) o, en el caso del Ejecutivo, por la Secretaría de Hacienda.
El segundo título introduce modificaciones al Código Penal. Se crea la figura del “delito fiscal”, que contempla penas de uno a seis años de prisión para los funcionarios que autoricen o ejecuten gastos no previstos en el Presupuesto General sin contar con el financiamiento correspondiente.
Además, se endurecen las sanciones contra funcionarios del Banco Central que habiliten o promuevan la emisión irregular de dinero: las penas previstas van de tres a diez años de cárcel.
El tercer título modifica la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, ampliando su alcance a empresas públicas, entes autárquicos, fondos fiduciarios y sociedades estatales. También se introduce una actualización del Decreto 1399/01, en sus artículos referidos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de dotar de coherencia a todo el sistema.
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El último título establece las disposiciones finales: se define la vigencia, aplicación y reglamentación del nuevo régimen, con pautas para la armonización y consolidación presupuestaria. El texto subraya que la norma tendrá carácter de orden público. “La historia económica argentina del último siglo es un testimonio elocuente de las consecuencias devastadoras que se derivan del abandono de la prudencia fiscal”, argumenta el documento.
En su último pronunciamiento sobre el proyecto, Milei sostuvo: “No busca imponer una visión económica particular, sino establecer reglas de juego claras, estables y transversales para la gestión de las finanzas públicas, con el objetivo de fortalecer la calidad institucional de la República”.
