El jefe de gabinete, Guillermo Francos, volvió a apuntar contra la pareja de la diputada Marcela Pagano, el abogado Franco Bindi, que fue uno de los señalados por el Gobierno en su denuncia ante la Justicia por la filtración de audios de Diego Spagnuolo y de Karina Milei. En la presentación se señaló una “operación de inteligencia ilegal”.
El ministro coordinador reaccionó a una entrevista de Gisella Robles -que asegura ser expareja y socia de Bindi- en la que afirma “no tener dudas de que participó” del esquema de grabaciones filtradas de integrantes del Ejecutivo.
“La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa…Además, tiene vínculos con ‘agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo’.¿Y ahora?“, expresó el jefe de ministros.
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Pagano no tardó en responder. “Si esto es lo mejor que tienen en nuestra contra, ahora me explico por qué el país está como está. Una psicopata al mejor estilo bebé Reno, pasamos del espionaje ruso y venezolano al drama pasional. Son un meme con patas”, escribió.
“Qué le parece si hablamos de CORRUPCIÓN? Se la llevaron del Andis si o no? Menem lo hizo? La filtración para que Ud señale como incapaz a Santiago Caputo al frente de la SIDE se la armaron estos dos especialistas en espionaje Vila y Armelino?”, agregó.
Bindi se expresó también a través de sus redes sociales: “Sobre los dichos de esta mujer a la que supe darle trabajo: JAMÁS fue mi pareja. Por eso actúa como una psicópata al mejor estilo Bebé Reno. No hablo con ella hace años (por mi decisión)“.
Pagano luego apuntó contra el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila: “Guille… pero habla de José Luis Vila, que es tu jefe de asesores… y ahora? Vas a poner a Armelino en la SIDE? Muchachos se les nota mucho la opereta. Van por Santiago Caputo y tienen sed de la caja de los fondos reservados. Así esta el país".
El Gobierno denunció este lunes ante la Justicia federal una presunta “operación de inteligencia ilegal” que tuvo como presunto objetivo “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la difusión de audios privados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios del Ejecutivo.
La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en el juzgado federal N.º 10. En el escrito, al que accedió TN, se señala que la maniobra constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”, y que se trataría de “una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520”.
