Este lunes, Alejandro Maraniello, juez federal en lo civil y comercial, ordenó el “cese de la difusión” de los audios de Karina Milei que habrían sido grabados en Casa Rosada. De esta manera, el oficialismo logró ponerle un freno a la filtración de archivos que generaron gran inquietud y sospechas internas en el Gobierno.
“Decretase la medida cautelar ordenando, solamente, el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025, que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”, dice el fallo.
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Para lograr esto, el magistrado también ordenó una comunicación urgente al Ente Nacional de Comunicación (Enacom).
Pero esta no fue la única denuncia que realizó el Ejecutivo. La Casa Rosada también hizo una presentación en la Justicia Federal Penal por el mismo motivo.
Ese escrito lleva la firma del Ministerio de Seguridad de la Nación, y terminó por sorteo en el Juzgado Federal 12 de Comodoro Py, que subroga el juez Julián Ercolini.
Este último documento también pide medidas cautelares “para impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas”. Para ello, exige la prohibición de difundir, propalar o divulgar nuevos registros relacionados con el caso.
La previa de las denuncias
La intención del Gobierno, con ambas presentaciones, es evitar nuevas filtraciones que venían siendo publicadas a cuenta gotas, semana a semana.
La decisión de avanzar por la vía de la Justicia se confirmó el viernes por la tarde, luego de una reunión de urgencia en Balcarce 50. Allí, se sostuvo que los archivos violaban la privacidad institucional y eran parte de una “operación de inteligencia ilegal”.
El principal impulso para avanzar en este camino fueron los audios de Karina, la secretaria General de la Presidencia, y no los de Diego Spagnuolo. Si bien lo que dice la hermana de Milei no habría preocupado al oficialismo, la posibilidad de que haya sido grabada en la sede del Ejecutivo sí fue un motivo de nerviosismo.
Desde ese momento, el oficialismo decidió averiguar cómo se obtuvieron los archivos y quiénes fueron los responsables.
El encuentro, que tuvo como resultado las denuncias de este lunes, se realizó en las oficinas del asesor presidencial Santiago Caputo. Allí también estuvieron Manuel Adorni, vocero presidencial; Sebastián Amerio, secretario de Justicia; Santiago Viola, abogado y apoderado de La Libertad Avanza; Belén Stettler, exsecretaria de Comunicación; y Manuel Vidal, consultor.
