El Ministerio de Seguridad de la Nación, por instrucción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal por la “producción, manipulación y difusión sistemática de grabaciones” atribuidas a funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Javier Milei. El documento describe los hechos como una “operación de inteligencia no institucional” prohibida por la Ley 25.520.
La denuncia - a la que tuvo acceso TN- sostiene que el propósito de esta maniobra es “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral”.
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El Ministerio solicitó como medida cautelar urgente la prohibición de difundir, reproducir o circular por cualquier medio los audios, así como cualquier otro elemento relacionado con la “maniobra ilícita”.
Según pudo saber este medio, la denuncia recayó en el juzgado de Ariel Lijo.
Los audios de Karina Milei
La denuncia menciona como hecho principal la difusión, el 29 de agosto pasado, de grabaciones atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el canal de streaming “Carnaval”. El documento señala que el periodista Mauro Federico comunicó al aire que disponía de más de cincuenta minutos de audios de la funcionaria.
La denuncia afirma que los registros fueron obtenidos de manera ilegal y que la maniobra forma parte de una “trama más amplia” de la oposición para “derrocar al gobierno”. También se plantea la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la Casa Rosada o en otros despachos públicos, lo que pondría en riesgo la “investidura presidencial y la reserva de los asuntos de Estado”.
El documento señala que uno de los supuestos “engranajes” de esta operación es Franco Bindi, un abogado “ligado a agentes inorgánicos de inteligencia” con vínculos con gobiernos extranjeros y señalado como sospechoso en la maniobra conocida como “Operativo Puf”. El escrito sugiere que Bindi “dispondría de la motivación y la capacidad para ejecutar una operación de influencia indebida”.
“Espionaje ilegal”
La denuncia sostiene que los hechos encuadran en el delito de “espionaje ilegal”, castigado con penas de prisión e inhabilitación especial, según el artículo 43 ter de la Ley 25.520. La ley prohíbe a los organismos de inteligencia “influir de cualquier modo en la situación institucional, política (...) del país” y en la “opinión pública”.
Vincula el caso a un contexto internacional, mencionando denuncias de “redes de espías rusos” en la Argentina y operaciones de desinformación en países como Rumania, Polonia y Francia, con la finalidad de influir en procesos electorales.
La denuncia menciona a Jorge Rial y vincula al conductor de TV con la difusión de los audios. “Es un tradicional operador mediático que adelantó la existencia de videos durante el transcurso de su propio programa”, señala el escrito.
