El Gobierno denunció este lunes ante la Justicia federal una presunta “operación de inteligencia ilegal” que tuvo como presunto objetivo “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la difusión de audios privados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios del Ejecutivo.
La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en el juzgado federal N.º 10. En el escrito, al que accedió TN, se señala que la maniobra constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”, y que se trataría de “una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520”.
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Según la denuncia, los hechos configuran una secuencia organizada que incluyó espionaje ilegal, edición clandestina de audios y su posterior difusión con fines políticos, justo en la antesala de las elecciones legislativas. La gravedad institucional —insisten— se potencia por la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa Rosada.
El Gobierno pidió como medida cautelar urgente la prohibición de cualquier nueva publicación, reproducción o circulación de los registros obtenidos ilegalmente, y solicitó al juez que disponga allanamientos y peritajes digitales para determinar el origen, edición, metadatos y cadena de custodia de los audios.
El canal de streaming “Carnaval” —donde se difundieron por primera vez las grabaciones, en el programa “Data Clave”— fue señalado como uno de los epicentros de la maniobra. Allí, el periodista Mauro Federico aseguró disponer de “más de cincuenta minutos de audios” de Karina Milei y anticipó que serían difundidos de manera progresiva.
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La denuncia sostiene que esa emisión fue apenas “la puntita”, en palabras de los propios conductores del programa, y que formó parte de una estrategia de chantaje político.
Desde el Gobierno apuntan también contra el empresario Pablo Toviggino (vinculado a la AFA), el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, señalado por sus presuntos vínculos con servicios de inteligencia y operadores del kirchnerismo. Todos ellos son mencionados como posibles partícipes de una red que, según la denuncia, busca “afectar las variables económicas más importantes, alterar la campaña electoral y generar violencia contra funcionarios del oficialismo”.
“La utilización impune de las conversaciones privadas de la Lic. Milei por parte de esta organización criminal constituiría una injerencia sin precedentes en la vida política del país”, plantea el documento, que también sostiene que la operación estaría coordinada por actores “ligados a intereses extranjeros” y con patrones de acción similares a “influencias rusas y chavistas”.
Bullrich alertó sobre la existencia de antecedentes similares en otros países, como Rumania, Polonia, Francia y Estados Unidos, donde procesos electorales se vieron interferidos por campañas de desinformación digital orquestadas desde el exterior.
En paralelo a la vía judicial, la Casa Rosada trabaja para determinar si los audios fueron intervenidos digitalmente y si el contenido fue editado con fines de manipulación política. En una de las grabaciones, Karina Milei habla de tensiones internas dentro del oficialismo en el marco del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires. En otra, se la escucha afirmar: “Acá no tienen que estar las 24 horas porque entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.
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El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se expresó en sus redes. “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, escribió. Y remarcó que el objetivo fue “condicionar al Poder Ejecutivo”.
Según la denuncia, las prácticas desplegadas violan artículos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe expresamente a cualquier actor público o privado realizar acciones de espionaje, manipular la opinión pública o influir en procesos políticos. “La democracia presupone un debate público transparente. Naturalizar estas prácticas equivale a legalizar la extorsión política y periodística, travestida como libertad de prensa”, sostiene el texto judicial.
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Además, se advirtió que cualquier nueva difusión de audios será considerada una prolongación del delito inicial, y no un hecho aislado. La estrategia denunciada incluye —según el Gobierno— una secuencia cíclica de “rumores, filtraciones, difusión y especulación política”, que se renueva cada vez que el impacto mediático comienza a perder efecto.
“La intervención judicial resulta imprescindible para reafirmar que ninguna operación de este tipo puede mancillar la soberanía popular ni suprimir las reglas de juego sobre las que se desarrolla la contienda electoral”, concluye la presentación.
