El bloque de Unión por la Patria en el Senado ya fue citado por su presidente, José Mayans, para definir la convocatoria a una nueva sesión ordinaria con el objetivo de rechazar el veto a la emergencia en discapacidad. Lo hará con el acompañamiento de otras fuerzas opositoras, y con la imposibilidad de que Victoria Villarruel -titular de la Cámara Alta- pueda frenarla.
Para la legisladora entrerriana Stefanía Cora (UxP), dejar sin efecto la medida del Presidente “es una prioridad de la sociedad”. “Creíamos que habíamos construido un consenso lo suficientemente fuerte respecto a que esa emergencia tenía que volverse una ley. Pero lamentablemente, se vetó -agregó Cora, en diálogo con TN-. Diputados ya lo rechazó. Ahora nos toca a nosotros esa responsabilidad”.
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La búsqueda de los dos tercios
El arco opositor sabe que la mayoría de 37 legisladores para abrir una sesión en el Senado está garantizada. El desafío es lograr los dos tercios del Cuerpo para avanzar con el tratamiento de iniciativas que no cumplieron los siete días reglamentarios desde que se dictaminaron en las comisiones. O bien, que necesitan de mayorías especiales para su aprobación. Es el caso del rechazo al veto a la emergencia en discapacidad.
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La Constitución establece que el Congreso puede insistir con la sanción de una ley, rechazando un veto, pero deberá contar entonces con la mayoría de las dos terceras partes de los legisladores presentes en cada cámara legislativa. Con esa mayoría insistió Diputados la semana pasada. Y lo mismo deberá ocurrir en el Senado para que el veto de Milei caiga definitivamente.
A los 34 legisladores de Unión por la Patria se sumarán varios senadores de la UCR, como Martín Lousteau, Pablo Blanco y Maximiliano Abad, entre otros. También Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez, del PRO, legisladores provinciales como Mónica Silva (Río Negro), José Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz), y Alejandra Vigo (Córdoba).
“Tenemos que sesionar, confirmar la emergencia en discapacidad y dar la respuesta correcta desde el Senado -le dijo a TN Carolina Moisés, senadora de Convicción Federal-. Milei va a entender que este Congreso tiene el poder que le da la gente y las facultades para ejercerlo. Si quiere hacer ajustes, que devuelvan las coimas. Porque robar es una cosa, pero robarle a los discapacitados y a los enfermos, es aberrante”.
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La ley que vetó el Presidente propone la declaración de emergencia por un año, habilitando nuevas altas de la pensión por discapacidad, entre otras medidas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal total oscilará entre el 0,28% y el 0,51% del PBI.
El proyecto para regular los decretos presidenciales
La Libertad Avanza reconoce que los bloques opositores cuentan con las mayorías necesarias para modificar la ley de Cristina Kirchner, quien en el 2006 -cuando era senadora- reglamentó la utilización de las facultades presidenciales de dictar normas por medio los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Hoy, esa resolución es una herramienta fundamental para el Gobierno: le permite suplantar la inferioridad numérica de legisladores propios en el Parlamento. La ley determina que para rechazar un DNU se necesita el voto de ambas cámaras del Congreso; en cambio, para mantener su vigencia, le alcanza con la ratificación de un solo recinto.
El proyecto -que ya cuenta con el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales- sostiene que los DNU deberán tratarse dentro de los 90 días posteriores a su publicación en el Boletín Oficial. Si el plazo es superado o una de las cámaras parlamentarias lo rechaza, el DNU queda sin efecto. Además, su aprobación deberá ser ratificada tanto por Diputados como por el Senado.
Cambios en la Justicia
En la agenda de Unión por la Patria están la cobertura de las vacantes en la Justicia y los proyectos de cambios en la conformación de Corte Suprema, a tratarse antes que finalice el año parlamentario, el 30 de noviembre.
El debate se que viene desarrollando en Asuntos Constitucionales (presidida por Alejandra Vigo) y suma consenso el proyecto del senador salteño Juan Carlos Romero, que eleva a siete los integrantes del máximo tribunal. Además, no puede haber más de cinco jueces del mismo sexo.
“La conducta del Presidente llegó a un límite intolerable e inadmisible: casi el 35% de los cargos en materia de jueces, fiscales y defensores se encuentran vacantes, y hay 278 propuestas que el Poder Ejecutivo retiene -consideró Ricardo Gil Lavedra, titular del Colegio de la Abogacía-. Desde que asumió el Presidente no se envió ni un solo pliego. Esto compromete seriamente la administración de Justicia, que no puede funcionar con un porcentaje de vacantes de tal magnitud”.
