La filtración de los audios que desataron el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), atribuidos a su extitular Diego Spagnuolo, abrió un nuevo frente en los tribunales. Mientras el juez federal Sebastián Casanello, avanza con allanamientos y pericias, comenzó a instalarse en el oficialismo la teoría del “fruto del árbol envenenado”: si la prueba inicial es falsa o ilícita, todo lo que derive de ella carece de validez y debe ser excluido del proceso judicial.
Sobre esta especulación, el abogado y funcionario de Seguridad, Fernando Soto planteó en su cuenta de X que la Justicia no puede avanzar sobre pruebas inválidas: “El audio atribuido a Spagnuolo está claramente armado y compaginado y -de ser real- ha sido obtenido ilícitamente. Por lo tanto, es una prueba inválida. Toda actuación judicial construida sobre una prueba inválida es, insalvablemente, nula”.
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En esa línea, funcionarios del oficialismo sostienen que, si se confirma que la grabación fue adulterada o conseguida de forma ilegal, la investigación no podría sostenerse. Sin embargo, la Justicia continúa con las medidas de prueba para determinar la autenticidad de los audios y el alcance de las acusaciones.
La reacción del oficialismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, calificó el escándalo de los audios como una “monumental operación” y sostuvo que se trata de una “maniobra” para perjudicar al Gobierno a pocos días de las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.
En la misma línea, el subsecretario de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, apuntó contra el kirchnerismo en redes sociales a través de un comunicado: “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo".
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Y cerró: “Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del Gobierno para obtener un rédito meramente electoral”.
