Este viernes por la noche, los efectivos del Departamento de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad allanaron la oficina de Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud y uno de los investigados en la denuncia sobre el cobro de coimas del caso de los audios de Diego Spagnuolo.
El procedimiento tuvo lugar en el edificio de la avenida Rivadavia al 875, en pleno centro porteño, donde funciona la sede del programa Incluir Salud. Fuentes policiales informaron a TN que la medida forma parte de la investigación que surgió a partir de los audios del extitular de la Agencia de Discapacidad.
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Entre los elementos secuestrados estaban los dispositivos electrónicos, carpetas y documentación vinculada a contrataciones a distintas droguerías. Es así porque la investigación intenta esclarecer si empresarios del mundo farmacéutico pagaban coimas para sostener sus contratos con el Estado nacional.
Horas antes del operativo, los agentes habían localizado a Garbellini en su casa de Avellaneda. Le secuestraron su celular, que quedó a disposición de la Justicia para ser peritado.
Además, el juez federal Sebastián Casanello dictó la prohibición de la salida del país para Spagnuolo en el marco de la causa en la que se investigan presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos.
El magistrado tomó esta resolución al encontrar al exfuncionario en una casa de Pilar, donde le secuestró dos celulares, dinero (en un monto que no sería de consideración) y una máquina de contar billetes.
Además de Spagnuolo, la medida de Casanello alcanza a otros exfuncionarios y empresarios mencionados en la causa, que incluyen a los integrantes de la familia Kovalipker y a los responsables de la droguería Suizo-Argentina, que también tienen vedado salir del país mientras se avance en la investigación.
Fuentes judiciales señalaron que la decisión responde a la necesidad de preservar la prueba y evitar cualquier riesgo de fuga, especialmente en un caso que involucra transferencias de dinero y documentación sensible vinculada a la compra de medicamentos para personas con discapacidad.
La Justicia además continúa analizando los audios y los documentos secuestrados, que según la denuncia inicial incluyen indicios de porcentajes de coimas y distribución de pagos entre los implicados.
Por el momento, no hay ningún detenido ni ninguna acusación formal. Por este motivo, los involucrados permanecen en libertad, aunque bajo un control judicial estricto.
