El Gobierno busca acercar posiciones con los bloques aliados para que el Congreso sostenga el veto a la Emergencia en Discapacidad y así evitar una derrota absoluta. Sin embargo, este miércoles Diputados lo rechazó, y ahora deberá resolver el Senado. Es por eso que el Ejecutivo anunció que está “considerando” un aumento a las prestaciones que otorga la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que preside Diego Spagnuolo.
En la Casa Rosada aseguran que la mesa técnica del oficialismo todavía no definió el porcentaje del aumento, pero reconocen que las prestaciones “estaban pisadas” hace meses. Se trata de una de las medidas que les pidieron diputados aliados -como del radicalismo- para sostener el veto a la ley que aumentaba los fondos del sector.
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El Gobierno sostiene que avanzará con la medida mediante el recorte de fondos de pensiones por invalidez “mal otorgadas”, aunque en distintas oficinas del oficialismo advierten que la auditoría no está cerca de finalizar. El Ministerio de Salud comenzó a principios de año un proceso de chequeo sobre el universo total de 1.000.000 pensiones.
Nación puso en junio más de 550.000 notificaciones en curso y logró comunicarse solo con 280.000 beneficiarios porque no encontraron domicilio en gran parte y en 50.000 casos no pudieron consignar la entrega de la documentación por inaccesibilidad, rechazos, vacaciones y plazos vencidos. Las pensiones en análisis de suspensión superan las 270.000.
Hubo diferencias en los distintos espacios internos de Balcarce 50 sobre la iniciativa, que terminó confirmando el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de sus redes: “Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”. El oficialismo pone en duda su oficialización para ejercer presión sobre los legisladores.
Según pudo saber TN, la decisión de ofrecer un aumento a las prestaciones para sumar adhesiones de aliados fue promovida por los equipos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Desde el entorno del asesor Santiago Caputo rechazaron en varias ocasiones las versiones sobre la posibilidad y la intención de que suceda.
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Se trata de una de las diferencias discursivas y estratégicas sobre el manejo del vínculo con gobernadores y diputados dialoguistas que mantiene el Gobierno desde el cierre de alianzas nacionales. Ambos sectores mantuvieron varias disputas sobre el esquema de acuerdos con mandatarios aliados, que repercute en las votaciones de la Cámara de Diputados.
Mientras que en la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” apuntan contra los armadores de La Libertad Avanza por competir en territorios de gobernadores dialoguistas y los acusan de “romper” adhesiones en el Congreso, los cercanos a los Menem insisten en que buscan ganar territorialidad y sumar peso oficialista en las provincias.
