La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados unificó los distintos pedidos de informes sobre las muertes por fentanilo contaminado y reclamó respuestas al Poder Ejecutivo Nacional. La reunión fue encabezada por el diputado Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP), quien integró en un solo expediente las iniciativas presentadas por Victoria Tolosa Paz, Mónica Fein, Silvana Giudici, Manuel Aguirre y él mismo. Giudici, del PRO, insistió además en la creación de una comisión investigadora.
La magnitud de la crisis sanitaria provocada por el uso de fentanilo adulterado, que suma víctimas día a día, logró alinear posiciones en la Cámara baja. Yedlin remarcó que no hay sectores políticos intentando frenar la pesquisa: “Acá estamos trabajando. Esto es un escándalo de magnitud inusitada. Es la peor contaminación desde la creación de la ANMAT hasta ahora. Hay responsables y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.
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La oposición en Diputados expresó también su intención de avanzar con una comisión investigadora, un debate que deberá darse en las comisiones de Presupuesto y de Peticiones, Poderes y Reglamento, encabezadas por el libertario José Luis Espert y por la diputada del PRO Silvia Lospennato. Allí fue girado el proyecto de Giudici.
El socialista Esteban Paulón, al igual que Mónica Fein (también socialista), Pablo Juliano (radical crítico) y Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), apuntó contra la desregulación y advirtió sobre los riesgos de eliminar controles estatales. “Tenemos que pensar en mejores controles. Ojalá el Gobierno responda al pedido de informes, porque son bastante perezosos en hacerlo, y abra la posibilidad de crear una comisión investigadora”, dijo Paulón.
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Y cuestionó la política del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger: “Mejor nos curamos en salud, ajustamos controles y dejamos de lado la pereza intelectual de cerrar lo que no funciona”.
Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli también respaldó la creación de una comisión investigadora.
Por su parte, Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, aseguró que “al día de hoy son 97 los muertos por fentanilo contaminado, cifra que supera a los fallecidos en la tragedia de Once y en la voladura de la AMIA. Nadie investiga: no hay un solo responsable en la cadena de compra y distribución, ni en los permisos otorgados al laboratorio que provee esta droga. Hay un silencio atroz, que no sabemos si responde a complicidad o a inaptitud de los organismos de control y del propio ministro de Salud”.
Su compañera de bloque, Carla Carrizo, pidió que se cite a los responsables de la ANMAT: “No alcanza con un pedido de informes. Tenemos un Estado poroso, que no controla como corresponde”.
Giudici recordó que en la última sesión presentó dos expedientes: el pedido de informes y la creación de la comisión investigadora. “Siguen apareciendo víctimas y conexiones oscuras, mientras el dueño del laboratorio (Ariel García Furfaro) habla impunemente en medios, desligando responsabilidades. Hoy todos los bloques firmamos este pedido de informes con las preguntas originales, lo que es un gran avance”, señaló.
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Para la legisladora, la comisión investigadora es clave porque “las aristas de este caso no se agotan en las muertes: hay vínculos peligrosos que relacionan a García Furfaro con negociaciones fraudulentas, inhibiciones de la AFIP y un laboratorio clandestino en Ciudad del Este con material por 84 millones de dólares, cuya exportación estaba prohibida”.
El pedido de informes menciona a los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., ambos a cargo de García Furfaro y vinculados al kirchnerismo, y reclama investigar la cadena de producción y comercialización del fentanilo y otros fármacos.
El pedido de informes
La solicitud de los legisladores al Gobierno nacional está dirigida a través de los organismos competentes, en particular por intermedio del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El documento incluye 26 preguntas sobre distintos aspectos de la crisis sanitaria provocada por el fentanilo contaminado.
Entre ellas, se pide conocer la cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos, discriminados por fecha de inicio de síntomas, jurisdicción, institución de salud y condición clínica (alta, en tratamiento o fallecidos). También se solicita la cronología de la detección del brote, con detalles de la primera notificación, alertas sanitarias, comunicaciones oficiales y protocolos activados por el Ministerio, la ANMAT y otras jurisdicciones.
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Otro punto clave es la identificación completa de los medicamentos y lotes contaminados —incluidos los 31202, 31244, 31200 y cualquier otro bajo investigación—, con número de lote, fechas de elaboración y vencimiento, laboratorio productor y fraccionador, cantidades producidas, distribuidas y recuperadas, provincias o instituciones receptoras, canales de distribución y droguerías participantes.
Los diputados piden además información sobre las medidas adoptadas para garantizar el retiro efectivo de los lotes, el porcentaje recuperado y el stock remanente que podría seguir en circulación, con el detalle de las droguerías que distribuyeron, las instituciones de salud y la jurisdicción donde se encuentran. Solicitan una descripción del sistema de trazabilidad de medicamentos controlados, explicaciones sobre las fallas detectadas y por qué no se identificó la contaminación antes de su distribución masiva, así como los protocolos de vigilancia activa para detectar tempranamente infecciones inusuales asociadas a medicamentos inyectables.
La solicitud incluye preguntas sobre las empresas farmacéuticas involucradas: composición societaria, autoridades, apoderados y accionistas de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo S.A. y la droguería Alfarma S.R.L., desde su constitución hasta la actualidad, con detalle de cambios o transferencias.
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Se pide conocer denuncias previas sobre medicamentos producidos por esas firmas, difundidas a través de sociedades científicas, revistas especializadas u otros medios, y se requiere un listado de contratos, licitaciones, compras o adjudicaciones obtenidas en los últimos cinco años en los ámbitos nacional, provincial y municipal, con montos, objeto, modalidad y fecha, indicando si se investigaron sobreprecios. También se pregunta por la participación de Alfarma en la distribución de los lotes contaminados y su posible vinculación societaria o contractual con HLB Pharma.
Finalmente, el cuestionario indaga sobre denuncias judiciales y medidas preventivas: querellas presentadas por el Estado o por otros actores, acciones legales contra los responsables, reparaciones a las víctimas y familiares, reformas previstas en la habilitación, inspección y control de laboratorios y droguerías, y medidas legislativas o reglamentarias que el Poder Ejecutivo considere necesarias para reforzar la farmacovigilancia, el control de calidad y la trazabilidad de este tipo de medicamentos.
La diputada Giudici, autora del pedido, reclamó además tratar una iniciativa suya para modificar la ley de Medicamentos Riesgosos, a fin de establecer la trazabilidad total de las drogas de este tipo.
