En la sesión del último miércoles en la Cámara de Diputados, la legisladora del PRO Silvana Giudici pidió la aprobación de su proyecto para crear una comisión investigadora para investigar las muertes por fentanilo contaminado. La sustancia fue elaborada por el laboratorio Ramallo S.A. para HLB Pharma Group S.A.
El objetivo de determinar las causas y responsabilidades por el uso de fentanilo contaminado, distribuido y utilizado en el sistema de salud. Investigar la cadena de producción y comercialización del fentanilo y otros productos farmacéuticos de los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., así como de las droguerías y establecimientos sanitarios involucrados. Investigar las posibles vinculaciones y responsabilidades de personas físicas o jurídicas, funcionarios o exfuncionarios públicos en los hechos.
El jefe de la bancada de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, pidió postergar la votación solicitando recabar información que falta en uno de los expedientes e intentar alcanzar un acuerdo durante el transcurso de la sesión.
Al promediar la sesión, Giudici insistió con el apartamiento del Reglamento, se puso a votación, requería la mayoría especial que no se alcanzó, y fue rechazado. 107 votos afirmativos, 105 negativos y tres abstenciones. Los votos negativos fueron del kirchnerismo, del Frente de Izquierda y de algunos diputados de Democracia para Siempre. Luego, por falta de quorum, no pudo avanzar con un pedido de informes al Ejecutivo.
El apartamiento del Reglamento es una moción que plantean los diputados y que se refiere a la posibilidad de que una cámara legislativa incorpore el tratamiento excepcional de un tema. Esto generalmente implica una votación con una mayoría especial de tres cuartos de los presentes para permitirlo.
El tema no está terminado para la diputada Silvana Giudici: “Creo que no hay que bajar los brazos ya que cada día son más los muertos y todavía la causa del juez (a cargo de la causa Ernesto) Kreplak no tiene un solo imputado”, le dijo a TN la diputada.
Hasta el momento se confirmaron 76 muertes a partir de la investigación por la detección de dos lotes de fentanilo contaminado. En la sesión, la diputada señaló que “es la tercera vez que plantea el tema, es una situación de extrema gravedad que ya se ha cobrado 68 víctimas. Más de 90 personas han sido afectadas y esta semana nos enteramos de una de las víctimas más impactantes, que es un bebé de solo tres meses en la provincia de Córdoba, envenenado con este opiáceo que ha sido manipulado de modo indebido”.
La Comisión Investigadora
El objetivo final de la comisión es elaborar un informe con las conclusiones de la investigación y formular recomendaciones legislativas y de políticas públicas para mejorar la seguridad en la provisión de medicamentos y la respuesta estatal ante crisis sanitarias.
La comisión estará integrada por dos miembros designados a propuesta de cada bloque o interbloque parlamentario que cuente con más de cinco integrantes; y un miembro designado a propuesta de cada bloque o interbloque que cuente con cinco integrantes. Además, por cada 20 diputados que integren dichos bloques o interbloques, se les sumará un miembro adicional.
Al no lograr el número de legisladores para aprobar su creación, la discusión se deberá dar en las comisiones a donde fue girado el proyecto, Presupuesto y Hacienda, que conduce el libertario José Luis Espert y Peticiones Poderes y Reglamento, a cargo de la diputada del Pro Silvia Lospenatto.
La Comisión Especial Investigadora tendrá las facultades, sin perjuicio de las que le confiere el Reglamento de la Cámara de Diputados, de remitir oficios y solicitar informes, documentos y antecedentes que sean relevantes al objeto de la investigación a entes públicos o privados, incluyendo sin limitación a cualquier órgano, funcionario o empleado de cualesquiera de los distintos poderes de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, o entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquico; debiendo los funcionarios públicos proporcionar la información dentro del término que les fije la comisión.
Los integrantes elegirán a sus autoridades, un presidente, un vicepresidente y un secretario y tendrán 90 días para su funcionamiento a partir de su conformación. Luego 30 días para emitir un informe ante la Cámara.
La detección inicial de la contaminación por parte de profesionales del Hospital Italiano de La Plata fue el 15 de abril pasado, y la denuncia formal ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el 2 de mayo. El organismo prohibió el lote afectado el 13 de mayo y clausuró los laboratorios.
Sobre la intervención judicial, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Plata, del Dr. Ernesto Kreplak, derivó en allanamientos a los laboratorios implicados y a diversas droguerías, así como el secuestro de material probatorio.
Giudice puso la mira, además, en algunos hechos puntuales:
- La presunta vinculación de Sebastián Nanini, señalado como “comprador” en este entramado, con un contrato en la Policía Federal Argentina en 2023. Asimismo, su rol como abogado de personas con notoriedad pública en causas sensibles (Hernán Arbizu y la exmujer de Lázaro Báez) y su condición de apoderado del Partido Justicialista del distrito de José C. Paz, bajo la intendencia de Mario Ishii.
- La información que indica que el domicilio de uno de los laboratorios investigados coincide con el de una sociedad presuntamente vinculada a un diputado nacional con mandato vigente, lo cual debe ser esclarecido para despejar cualquier duda sobre posibles incompatibilidades o influencias indebidas.
- Las versiones que señalan una presunta intervención del gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, en favor de uno de los laboratorios cuando este enfrentaba problemas legales previos, lo que podría indicar un trato preferencial o tráfico de influencias.
Pedido de Informes
La diputada Silvana Giudici, la pasada semana, elevó al Poder Ejecutivo un pedido de informes sobre este tema fundamentando que, “cabe mencionar como un antecedente de suma gravedad que en los años 2020 a 2021, coincidentes con el período de pandemia y la gestión del anterior gobierno (del expresidente Alberto Fernández), se haya habilitado la participación de actores privados sin antecedentes confiables en negociaciones sanitarias críticas, como lo fueron las vinculadas a la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.
Diversas fuentes periodísticas, judiciales y administrativas, cuya veracidad ha sido ratificada por múltiples allanamientos y actuaciones oficiales posteriores al año 2024, revelan que HLB Pharma fue adquirida en 2017 por Ariel García Furfaro, empresario vinculado a estructuras políticas del anterior gobierno, y que esta firma habría mantenido aparentes vinculaciones con funcionarios públicos, algunos en actual ejercicio de funciones como el intendente Mario Ishii, o incluso una aparente coincidencia en su domicilio legal con un actual diputado nacional.
Este pedido de informes lo deberá tratar la Comisión de Acción Social y Salud pública que preside el diputado de UxP Pablo Yedlin.
