El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, irá a la Cámara de Diputados el próximo 27 de agosto. Allí se concentran fuertes cuestionamientos a los vetos del presidente Javier Milei a las leyes sancionadas por el Parlamento, que implicaban un aumento para los jubilados y pensionados, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Los diputados tendrán, desde este lunes, 48 horas para enviar a la Jefatura de Gabinete sus preguntas, que luego se derivarán a cada ministerio o a la Presidencia para que respondan.
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Se estima que los mayores planteos de los diputados harán referencia al programa económico, a los recientes vetos a las leyes aprobadas y al envío del Presupuesto 2026, que deberá ingresar a más tardar el próximo 15 de septiembre.
Esta no es la primera vez que el jefe de Gabinete va a responder preguntas al Congreso. El pasado 26 de junio, el funcionario concurrió al Senado y, tras cuatro horas de exposición, se retiró luego de ser calificado de mentiroso por la senadora Cristina López, de UxP, de Tierra del Fuego.
En aquella oportunidad, Francos cuestionó la sanción del Congreso al aumento de las jubilaciones y a la moratoria previsional: “Son un daño directo al equilibrio fiscal. Solo el cambio en la fórmula de movilidad y el bono implicarían un impacto del 0,8% del PBI. Tenemos un sistema previsional deficitario e inviable. Hay más jubilaciones con moratorias que sin ellas, en una proporción de 2 a 1”, dijo en ese entonces.
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El último informe ante la Cámara baja del jefe de Gabinete fue el pasado 17 de abril, cuando respondió más de 4000 preguntas de los legisladores nacionales. Las mismas hicieron referencia al estado de las rutas nacionales, el precio del dólar, el acuerdo con el FMI y la falta de la ley de Presupuesto. No abordó las consecuencias del escándalo de la criptomoneda $Libra.
Fuertes cruces por los vetos de Milei
La Casa Rosada, en sus fundamentos para la decisión presidencial de vetar las tres leyes del Parlamento, argumentó que la aprobación parlamentaria se hizo "de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación“.
“Los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional, un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos, y cerca de 17 billones de pesos para el año 2026. Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y un 1,68% del PBI estimado para el año entrante", explicó el Gobierno.
La estrategia de la oposición es insistir con las leyes sancionadas una vez que logren garantizar los dos tercios de los diputados presentes, mientras que La Libertad Avanza viene trabajando en conseguir el tercio de legisladores necesarios para blindar la decisión del Presidente. Para ese objetivo son fundamentales las actuaciones del jefe de Gabinete, Francos, y del presidente de Diputados, Martín Menem.
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En el Senado también cuestionaron al Ejecutivo. El titular de la bancada de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, pidió “que les expliquen a los argentinos qué están haciendo con su plata".
Mientras tanto, desde el bloque Convicción Federal, integrado por los peronistas Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada, señalaron que “estas decisiones no son técnicas ni administrativas: son profundamente políticas y superficialmente efectistas". “Vetar el aumento a los jubilados es mirar para otro lado mientras quienes trabajaron toda una vida siguen eligiendo entre comer o comprar sus medicamentos", manifestaron en un comunicado.
Y sumaron: “Vetar la moratoria previsional es castigar a las mujeres y hombres del trabajo informal que no tuvieron aportes por responsabilidad del Estado, no por decisión de ellos. Vetar la emergencia en discapacidad es negar lo evidente, dejar paralizado un sector que ya lo está por sus propias condiciones de salud e ignorar que miles de familias no pueden afrontar tratamientos, traslados ni garantizar que los profesionales que los atienden cuenten con ingresos para desarrollar sus vidas trabajando en un sistema que está colapsado. El federalismo no se declama, se practica. Y practicarlo es cuidar a cada argentino, viva donde viva, sin importar si es joven o mayor, si nació en una gran ciudad o en un paraje del interior”.
