El cierre de las inscripciones de las candidaturas en la Provincia de Buenos Aires demostró que habrá propuestas testimoniales en varias fuerzas. Intendentes de diferentes municipios y hasta la actual vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, encabezan listas. Muy pocos imaginan que dejarán sus cargos para ocupar una banca en la legislatura de Buenos Aires.
En el Congreso nacional se encuentra para su tratamiento un reciente proyecto del diputado Gerardo Milman del PRO, que busca prohibir las candidaturas testimoniales. “Esta ley podrá contribuir a una mayor transparencia y responsabilidad en el sistema electoral. El fortalecimiento de la democracia exige erradicar prácticas que socavan el vínculo de representación entre la ciudadanía y sus representantes”, dijo el diputado.
La iniciativa, que incorpora el artículo 164 bis del Código Electoral Nacional, determina que los ciudadanos que resulten electos para cargos legislativos nacionales no podrán retornar a los cargos a nivel nacional, provincial y municipal, a partir de que la justicia electoral determine que han resultado electos. En cambio, permite que un representante electo pueda ser postulado a ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo o Judicial, con la previa autorización de la Cámara legislativa de la que forme parte.
Más allá que este es un proyecto vinculado a las candidaturas para cargos nacionales, es decir para la renovación parlamentaria de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación, del próximo 26 de octubre, deja en evidencia la preocupación por una práctica que en las últimas elecciones resultó recurrente por diferentes fuerzas.
Dado que la Constitución adopta la forma de gobierno representativo, republicano y federal, Milman señaló que “la representación no es una mera formalidad, implica la asunción real del mandato conferido por el pueblo mediante el voto”.
El nuevo artículo 164 bis en el Código Electoral Nacional, que se incorpora por medio del proyecto, “tiene como objetivo prohibir expresamente que un funcionario del Poder Ejecutivo (nacional, provincial o municipal) que resulte electo como legislador nacional, renuncie a la banca para mantenerse o volver al cargo previamente ejercido. De esta manera, se garantiza que el acto electoral no sea utilizado con fines ajenos a la representación parlamentaria”.
Antecedentes
En las elecciones nacionales del 2009, el Frente para la Victoria postuló como candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires al expresidente Néstor Kirchner. También al por entonces gobernador provincial, Daniel Scioli, y al exjefe de Gabinete, Sergio Massa, ambos resultaron electos, pero nunca asumieron sus bancas.
Ante la presentación judicial de impugnación que realizó entonces el excamarista Ricardo Gil Lavedra a la Cámara Nacional Electoral en su fallo del 2009, las candidaturas testimoniales no deberían ser oficializadas porque “defraudan al elector”. “Pues se habrá quebrantado la relación representante-representado que nuestros constituyentes han plasmado en la letra y en el espíritu de la Constitución Nacional y asimismo configurará un apartamiento ético, con la consiguiente desazón que producirá en parte del electorado”. La justicia interpretó que los candidatos, al aceptar sus postulaciones y avalar la presentación de los apoderados partidarios, se están comprometiendo a asumir sus cargos de ser electos.
Mientras que Alberto Dalla Vía entendió en el caso Scioli que, “es un límite de elegibilidad para los gobernadores de provincia mientras estén en ejercicio de sus mandatos, prohibiéndoles postularse como candidatos a cargos legislativos en los distritos que los eligió previamente para ejercer la más alta función ejecutiva provincial”.
La realidad luego mostró que tras el triunfo del Frente opositor Unión Pro, liderado por Francisco de Narváez, el exmandatario Daniel Scioli y Sergio Massa nunca asumieron sus bancas por la Provincia de Buenos Aires. Y esta práctica se reiteró en posteriores elecciones con diferentes fuerzas y candidaturas. Como las que veremos el próximo 7 de septiembre en la elección legislativa provincial.
También en 2009, el exdiputado de la UCR Jorge Albarracín, buscó modificar el artículo 140 del Código Electoral Nacional que hace referencia a la penalización de la utilización de la figura de inducción con engaños: “La misma pena se aplicara a aquel candidato que, habiendo participado de un proceso electoral, no asumiera el cargo público electivo para el que fue designado y continuare ejerciendo el que poseía con anterioridad a la elección”. Ese proyecto nunca superó la discusión en las comisiones respectivas de la Cámara baja.
