Unión por la Patria anunció que derogará los DNU de Javier Milei que reestructuraron a las Fuerzas de Seguridad. Así se lo confirmó a TN el diputado José Glinski, vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y actividades de Seguridad Interior.
Buscarán llevarlos al recinto de las cámaras legislativas en las próximas sesiones. En la embestida también se sumaron los diputados Leopoldo Moreau, Juan Marino, Carolina Gaillard, Germán Martínez y el senador Oscar Parrilli.
La Comisión analizó los DNU delegados, a los cuales hizo referencia UxP, los decretos 454/2025, 455/2025, 456/2025 y 457/2025 emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional que refieren a los nuevos marcos legales para la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería Nacional (GNA), la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
“Tomamos una decisión que nadie se animó a tomar en 50 años: ordenar, definir y conducir con firmeza a nuestras fuerzas. La PSA cuida los aeropuertos. Gendarmería protege nuestras fronteras. Prefectura controla ríos y mares. El SPF, en las cárceles”, dijo entonces ante la firma de estos DNU la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Este martes, ante los legisladores, Diego Freitas Ortiz de Rosas, director nacional de transformación institucional del Ministerio de Seguridad de la Nación y Federico Tassara, director de Ingreso y Carrera del mismo ministerio, defendieron la decisión de la norma que “fue implementada en el marco de la ley Bases y de las facultades delegadas”.
“Nos hubiese gustado trabajar estos temas en el Congreso, en las comisiones”, les respondió el diputado José Glinski. Recordó, además, que de la sancionada ley Bases, se quitó la declaración de Emergencia en Seguridad. “Estas reformas exceden lo expresado por los legisladores. Son reformas ilegales, hay una extralimitación del Poder Ejecutivo. No hay que tenerle miedo al debate democrático”, aseguró.
En otro orden de cosas, el jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez, habló de las dificultades para sesionar por el cerrojo de seguridad que impide el normal acceso al Congreso. El edificio está vallado por las fuerzas de seguridad no solo alrededor de los edificios, sino también en lo que respecta a la representación popular y de las provincias que encarnan diputados y senadores.
Otro legislador consideró que el Congreso está “militarizado” en cada debate. Martínez advirtió que “están dejando a las Fuerzas de Seguridad en una debilidad jurídica constitucional, malinterpretando el artículo 3 de la Ley Bases”, referido a la delegación de facultades.
En tanto, el diputado oficialista de La Libertad Avanza, Santiago Pauli, dijo a TN: “Estos DNU que traen estas reformas seguirán su curso. Entendemos que la oposición no está de acuerdo; tienen los mecanismos para manifestarlo, como la otra Bicameral (la Comisión de Trámite Legislativo). Pero los avances en materia de seguridad del Gobierno nacional están en sintonía con lo que la sociedad quiere, que es bajar la inseguridad. El Congreso tiene opiniones diversas y existen los mecanismos para expresarlas”.
El presidente de la Comisión, el senador Martín Goerling Lara (PRO), consideró que se cumplieron los objetivos de la convocatoria: “Creo que era necesario este ida y vuelta para despejar dudas y conocer los puntos de vista de cada sector: el Gobierno, por un lado, y los diputados de la oposición, por otro. Es importante este debate porque fue muy sorpresivo. La decisión del Ejecutivo se tomó en el último momento, cuando vencían las facultades delegadas. Salieron los decretos y no hubo difusión. Para eso se convocó a la comisión: para discutir”.
Los decretos de reestructuración
El pasado 8 de julio, en el filo del vencimiento de las facultades delegadas que el Congreso le había otorgado al Poder Ejecutivo —sin incluir expresamente la materia de Seguridad, que fue excluida en el debate parlamentario de la Ley Bases—, el Gobierno aprobó mediante una serie de decretos nuevos marcos legales para cuatro fuerzas federales: la Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura Naval Argentina.
El objetivo central de la reforma es modernizar sus estructuras, mejorar la eficiencia operativa y adaptarlas a los desafíos contemporáneos, como el crimen organizado, la seguridad fronteriza, la reinserción social y el control marítimo.
Los pasos en el Congreso
Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), al igual que los decretos dictados en el marco de facultades delegadas, tienen plazos para su tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por Oscar Zago (MID). La comisión debe emitir un dictamen de aprobación o rechazo para que el tema llegue al recinto. Tiene diez días hábiles desde el ingreso del decreto al Parlamento para someterlo a debate.
“Vencido el plazo anterior sin que la Comisión Bicameral haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto”, señala la ley 26.122, que regula el uso de los DNU y que varios bloques buscan reformar.
Eso es lo que impulsa UxP: llevar directamente uno de los DNU al recinto, el que modificó la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina, ya que cumplió con los plazos para su debate en la comisión y está en condiciones de ser tratado.
Las novedades se conocerán tras el receso legislativo, previsto para agosto.
