La Justicia sospecha que Lázaro Báez quería darle un poder a su novia sobre sus bienes para evadir el decomiso de más de 500 millones de dólares por la condena en la causa Vialidad.
Claudia Noemí Insaurralde visitó a Báez hace algunos días en la cárcel y los penitenciarios descubrieron que llevaba documentación para que el empresario le otorgara poder a ella sobre algunos bienes.
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El objetivo de Lázaro Báez sería darle el poder a Insaurralde sobre alguno de sus bienes y así intentar evadir el decomiso de $684.990.350.139,86 que le impusieron a él y a los otros condenados por la causa vialidad.
Fuentes cercanas al extitular de Austral Construcciones aclararon que pesa sobre él “una inhibición general de bienes -no puede disponer, vender o ceder ningún- activo y todos sus bienes están embargados”. Es decir, “es material y legalmente imposible que una persona inhibida ceda un bien embargado”.
Claudia Insaurralde fue, por pedido mío al penal a llevar dos escritos de designación de abogados de mi estudio.
El abogado del empresario kirchnerista le explicó a este medio que le pidió a Insaurralde que fuera al penal “a llevar dos escritos de designación de abogados del estudio”.
“Claudia entró al penal con esos dos escritos de designación y un poder de administración (no de disposición) hecho por el Servicio Penitenciario Federal”, afirmó el abogado del empresario K, Juan Villanueva.
El caso habría hecho confirmar la sospecha que tenían los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani de que algunos condenados podrían intentar desprenderse de sus bienes para evitar pagar la suma de dinero que deben devolverle al Estado.
Es por eso que este lunes solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 una serie de medidas para garantizar el decomiso de los bienes en la causa Vialidad.
La primera medida que pidieron los fiscales es saber qué bienes anotó como propios la novia de Báez desde 2016 hasta la fecha.
Pero la solicitud no termina ahí, dado que Luciani y Mola pidieron que todas las medidas de restricción impuestas para Baéz se extiendan al resto de los condenados.
“Las medidas de restricciones impuestas a Lázaro Báez para otorgar actos jurídicos o realizar cualquier acción que produzca efectos legales sobre su patrimonio se haga extensiva a todas las personas condenadas en esta causa”, señalaron.
En el escrito al que tuvo acceso TN señalaron: “No en vano, este Ministerio Público Fiscal viene insistiendo —a través de las distintas presentaciones realizadas ante el tribunal— en que se adopten en tiempo oportuno los recaudos del caso, para asegurar el recto cumplimiento de la orden de decomiso librada por los jueces".
De esta manera, lo que piden los fiscales es que todos los condenados tengan las mismas restricciones a la hora de realizar actos jurídicos o legales sobre su patrimonio. Es decir, que no puedan movilizar sus bienes para que se efectúe el decomiso de los mismos.
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Este viernes, el Tribunal Oral Federal 4 había aceptado la unificación de las penas y Lázaro Báez cumplirá 15 años de prisión por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K.
El juez Néstor Costabel, en línea con el dictamen fiscal, aceptó unir ambas condenas a 10 y 6 años de prisión y fijó el nuevo número.
En la audiencia, la defensa del empresario, a cargo de Juan Villanueva, pidió rebajar la condena a 6 años, ya que su defendido estuvo preso por la Ruta del Dinero K, mientras que el gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), solicitó una condena de 16 años.
