Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 una serie de medidas para garantizar el decomiso de los bienes en la causa Vialidad.
Concretamente, los fiscales solicitaron que “las medidas de restricciones impuestas a Lázaro Báez para otorgar actos jurídicos o realizar cualquier acción que produzca efectos legales sobre su patrimonio se haga extensiva a todas las personas condenadas en esta causa”.
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“No en vano, este Ministerio Público Fiscal viene insistiendo —a través de las distintas presentaciones realizadas ante el tribunal— en que se adopten en tiempo oportuno los recaudos del caso, para asegurar el recto cumplimiento de la orden de decomiso librada por los jueces", se lee en el escrito al que tuvo acceso TN.
Los fiscales pidieron al juez Jorge Gorini que se libren oficios a diferentes organismos para reconstruir todos los bienes muebles e inmuebles que haya registrado Claudia Insaurralde, pareja de Báez, desde 2016 hasta la actualidad. Para los funcionarios, es probable que la mujer haya operado en calidad de “prestanombre o testaferro” del empresario condenado, o bien pudo haber transferido la titularidad de los bienes a un tercero.
En mayo de 2020, Báez le otorgó a Insaurralde un poder para que “con las más amplias facultades que fueran necesarios y/o exigibles, intervenga en sus negocios y asuntos de orden administrativo y comercial. Cualquiera fuera su naturaleza y la jurisdicción a que correspondan”.
Según se comprobó, Insaurralde visitó días atrás en la cárcel de Río Gallegos a Báez con la intención de que el empresario firmara una serie de documentos relacionados con distintos bienes.
En ese marco, como medida para asegurar que no se realice ningún acto de representación con base en el instrumento en cuestión, “solicitamos que se indique a las autoridades de la Unidad Penitenciaria Federal de Río Gallegos que, en caso de que se detecte nuevamente la presencia del poder, se lo retenga para su posterior remisión al tribunal”, pidieron los fiscales.
Además, Luciani y Mola solicitaron que la restricción se haga extensiva a todas las personas condenadas en esta causa, incluso los que han sido beneficiados con la prisión domiciliaria como Cristina Kirchner y Nelson Periotti.
El monto a devolver
Los peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación enviaron al Tribunal Oral Federal 2 el monto actualizado que deberán devolver los condenados en la causa Vialidad, entre los que se encuentra Cristina Kirchner.
La cifra es de 684.990.350.139,86 millones de pesos por los perjuicios ocasionados al Estado.
Los peritos determinaron el nuevo monto teniendo en cuenta “el último índice de precios al consumidor publicado por el INDEC al 26/6/2025 (mayo de 2025) y al 6/12/2022 (noviembre de 2022)”.
Concretamente, “ingresando en el archivo Excel contenido en “Series históricas IPC Índice de precios al consumidor con cobertura nacional” “Indices y variaciones porcentuales mensuales e interanuales según divisiones de canasta, bienes y servicios, clasificación de grupos. Diciembre 2016- Mayo 2025”, especificaron los profesionales.
Así, “el importe actualizado requerido, de acuerdo con los parámetros y metodología descriptos ut-supra, asciende a $ 684.990.350.139,86, es decir el quantum de seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa millones, trescientos cincuenta mil ciento treinta y nueve pesos con ochenta y seis centavos”.
Con el informe terminado, la Justicia le dará 10 días hábiles a los condenados para que devuelvan el monto total establecido en el decomiso. Si no lo hacen, comenzará la etapa de ejecución de los bienes, es decir, la subasta pública.
