El Gobierno descarta apartar a los agentes de Aduana implicados en el escándalo de las valijas. El Ejecutivo respalda a los empleados de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -que preside Juan Pazo- y mantiene la postura de que “no cometieron ningún delito” al no controlar el equipaje de los tripulantes del avión Bombardier, del empresario Leonardo Scatturice.
El Juzgado Penal en lo Económico N°2 solicitó a la Dirección General de Aduanas (DGA) los datos sobre los funcionarios que intervinieron en el ingreso y egreso del vuelo: Cintia Cali, Fernando Carretoni y Omar Beltramino. Lo mismo aplica para “cualquier otro agente que haya estado presente en el hall de control de ARCA al momento en que se habría indicado a los pasajeros y a la tripulación que no era necesario pasar sus valijas por el escáner”.
Leé también: Juicio por YPF: el Gobierno volvió a reclamar que se suspenda el fallo que lo obliga a entregar las acciones
La Casa Rosada argumenta que los funcionarios cumplieron con el Código Aduanero e insiste en que no tiene previsto impulsar sanciones. Desde el Gobierno reconocen que el equipaje no contó con todos los controles de seguridad aeroportuaria, pero sostienen que no son obligatorios y que “las valijas no pasan siempre por los escáners”.
Nación rechaza las versiones de que hubo una orden deliberada para que no se revisen las valijas. El oficialismo cambió la discursiva de marzo sobre que “se hicieron los controles de rutina”, y ahora asegura que “los controles son discrecionales” por determinación de los agentes de Aduana.
Se trata de la misma línea que este miércoles sostuvo Javier Milei, que respaldó el procedimiento de los funcionarios e hizo foco en que el avión partió de los Estados Unidos, donde se “hacen todos los controles”.
Los fiscales se basaron en los videos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para constatar que los funcionarios de Aduana les abrieron a los tripulantes del Bombardier un carril especial, que no contó con chequeos de equipaje. Identificaron además a una agente, que coincide con la imagen, la que previamente los recibió en la pista.
El juez Martín Yadarola solicitó también que se identifique a todos los funcionarios de Migraciones y la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) que intervinieron en conjunto con Aduana en el control del avión matrícula N18RU y del equipaje de la pasajera Laura Belén Arrieta -gerente de operaciones corporativas de OCP TECH-, que estaba acompañada por los pilotos José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto.
Leé también: Tras la suspensión del viaje de Milei, el Ejecutivo busca retomar las negociaciones con los gobernadores
Yadarola requirió además que se investigue el procedimiento de los vehículos que se acercaron a la aeronave luego del aterrizaje. El documento insta a “determinar la titularidad, el destino y la función de cada uno de los vehículos mencionados, así como identificar al personal que se encontraba a bordo y el motivo de su intervención”. Lo mismo aplica para sus autorizaciones.
El Gobierno asegura que cumplirá con los requerimientos de la Justicia y reconoce que busca bajarle el tono a la investigación para intentar correrla de la agenda pública. Se trata de la misma estrategia que aplicó con las denuncias que recibió el jefe de Estado en la Argentina y en los Estados Unidos por la promoción de la criptomoneda Libra.
