El Gobierno quiere avanzar con la transferencia de 17.000 obras del Plan Procrear a las provincias en medio de tensiones por la caída de la coparticipación, de la obra pública y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El Ejecutivo busca impulsar el proceso de traspaso hacia los distritos desde mediados de 2024, pero reconoce que aún no logró concretarlo.
Los equipos técnicos de la Casa Rosada están trabajando en la medida, que está trabada porque requiere intervención del Tribunal de Tasación de la Nación para valuar las viviendas en construcción y establecer las condiciones legales de la transferencia. “La idea es acelerarlo, pero faltan detalles”, expresan en el oficialismo.
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Una de las opciones que se barajó en Balcarce 50 es que las obras se privaticen a través de una subasta pública mediante la publicación de las unidades en el portal de ventas de la Administración de Bienes del Estado (AABE), pero el oficialismo no tiene la intención de avanzar por esa vía por el momento. “Nos queremos sacar de encima las obras. No nos interesa que el Estado construya casas”, agregan.
La resolución 764/2025 del ministro de Economía, Luis Caputo, le encomendó a la secretaría de Obras Públicas -que preside Luis Covigne- que avance en la “transferencia de inmuebles o unidades a Provincias, Municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e institutos de vivienda”.
Dispuso además que si los inmuebles fueron aportados por las gobernaciones provinciales, puede “acordarse su restitución total o parcial a favor del aportante de origen que se trate”.
La medida aprueba también el modelo de contrato de mandato con el Banco Hipotecario S.A., que continuará a cargo de la gestión de los créditos individuales otorgados por el Procrear. Formaliza además que la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía asumirá los casos judiciales en curso contra el fideicomiso en liquidación.
El documento instruye además al banco a transferir al Tesoro Nacional los montos líquidos recaudados -descontando honorarios y costos- y lo habilita a vender las “carteras de créditos que tengan un rendimiento de cobranza menor al 40% de la totalidad de la suma a percibirse por la gestión de cobranzas en el período que corresponda”.
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El fondo fiduciario del Plan Procrear fue creado en el 2012 por Cristina Kirchner a través del DNU 902 y luego relanzado por Alberto Fernández en 2020.
La norma de creación dispuso que los fondos sean destinados a “la construcción de viviendas y desarrollo integral de proyectos urbanísticos e inmobiliarios para el acceso a la vivienda familiar con el objeto de mejorar y facilitar el acceso a la vivienda de sectores socioeconómicos bajos y medios de la población”.
El Gobierno ya eliminó el año pasado la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda junto con los fideicomisos que se encargaban de financiar la construcción de viviendas. Se trata de los fondos fiduciarios del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), para la Vivienda Social y el de Integración Socio Urbana (FISU).
