Tras la resolución de la Cámara Federal porteña que le ordenaba definir la situación procesal de todos los acusados en la causa Seguros, el juez Sebastián Casanello citó al expresidente Alberto Fernández para ampliar su indagatoria por corrupción. Deberá declarar este viernes 4 de julio a las 10.
Horas antes, la Cámara Federal había ordenado anular las inhibiciones de bienes dictadas en la causa por presuntos hechos de corrupción alrededor de los contratos firmados con Nación Seguros SA. La anulación de inhibición alcanza también a la exsecretaria de Fernández María Cantero y su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa.
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Casanello había resuelto el 9 de abril inhibir los bienes de Alberto Fernández y de los brokers que intervinieron en la presunta maniobra defraudatoria en los contratos que organismos del Estado firmaron con Nación Seguros. Se investigan operaciones de más de 3.000 millones de pesos en concepto de comisiones.
El expresidente está imputado por administración fraudulenta y de llevar adelante negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación se basa en un decreto firmado por Fernández, pero también 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, y hasta una cooperativa que funcionó como financiera.
Durante su presidencia, Fernández dictó un decreto que impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación. Ese decreto fue derogado en la gestión de Javier Milei. La Justicia federal investiga la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de esos contratos, entre los que figura Martínez Sosa.
A fines de abril, Casanello dispuso levantar el secreto fiscal y bancario del exintendente de la Quinta de Olivos Daniel Rodríguez y le solicitó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA) un informe detallado de su patrimonio, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, cajas de seguridad, vehículos, embarcaciones o cualquier otro bien que pudiera estar a su nombre.
La hipótesis que investiga la Justicia es que Rodríguez podría estar ocultando parte del patrimonio de Alberto Fernández o del propio Héctor Martínez Sosa.
También se investiga un posible direccionamiento de los contratos, en lo que la justicia denominó una “estructura criminal” para desviar fondos públicos a privados. El juez Julián Ercolini interrogó a todos los implicados, pero hasta la fecha no hubo una decisión de Casanello, quien quedó a cargo de la causa a comienzos de año. Ahora, citó a Fernández para este viernes.
Meses atrás, la Justicia recibió un informe clave elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El documento en cuestión tiene 600 páginas y según pudo saber TN “demuestra la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados” involucrados en el caso. Una de las personas que incluye el informe es el mencionado Rodríguez, y a quien muchos señalan como un eventual testaferro del expresidente.
En el informe también se analiza al broker Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y esposo de su exsecretaria privada.