Este lunes la justicia de Estados Unidos le ordenó a la Argentina que le entregue el 51% de las acciones de YPF. Tras la noticia, el Gobierno confirmó que apelará la medida, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de defender al Estado.
Sin embargo, el litigio no será encabezado por Santiago Castro Videla, el procurador que designó la Casa Rosada a finales de enero. Desde febrero que el abogado especialista en derecho administrativo se excusó del caso, según pudo confirmar TN.
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“El encargado de llevar el juicio desde el inicio de esta gestión es Juan Ignacio Stampalija, el subprocurador”, confirmó a este medio una fuente ejecutiva.
La decisión que tomó Castro Videla tiene que ver con su pasado como socio del estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, donde trabajó antes de ser funcionario público.
Alberto Bianchi, uno de miembros del estudio jurídico, es un abogado constitucionalista que se encarga de asuntos relacionados a las empresas, litigios con el Estado, municipios, asuntos tributarios y de derecho administrativo.
Por esta razón es que Burford Capital (el principal beneficiario por la expropiación de la petrolera) lo contrató como testigo experto para que declarara a favor de su postura en el juicio que este fondo mantiene contra la Argentina por la estatización de YPF. Es decir, Burford pidió su visión como especialista en derecho argentino durante un arbitraje.
Es por eso que, según especialistas en derecho administrativo, Castro Videla debió salir del caso. La relación laboral que tuvo con Bianchi lo exponía a un conflicto de intereses.
“Cualquier abogado que haya intervenido en la causa, representando a alguna parte con interés contrapuesto al del Estado Nacional, tiene que excusarse”, expresó María Eugenia Talerico, extitular de la Oficina Anticorrupción. Además, agregó: “Esto se basa en la Ley de Ética Pública, pero también en el buen desempeño de una función tan importante como es ser el jefe de todos los abogados del Estado. La ejemplaridad en el ejercicio del cargo es indispensable”.
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Los detalles del caso YPF
El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF, que se realizó en 2012. Para llegar a esa conclusión, la magistrada entendió que la gestión de Cristina Kirchner nacionalizó la participación de Repsol de la compañía y le pagó con bonos. Pero, no hizo lo mismo con el resto de los accionistas, incumpliendo el estatuto de la petrolera.
Desde que salió la sentencia, la Argentina apeló las decisiones. Mientras tanto, los demandantes pidieron que se desarrollen embargos y se entreguen activos que posee el Estado argentino.
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Asimismo, cuando Javier Milei asumió la presidencia, debería haber presentado una garantía para evitar embargos, pero nunca ocurrió. Es por eso que en frente a esa situación, Preska quedó habilitada para pedir la ejecución del 51% de las acciones de Argentina en YPF.
