Pese a la insistencia de Unión por la Patria, el oficialismo y sus aliados aguardan las señales de la Casa Rosada. Aunque saben que si la vicepresidenta Victoria Villarruel no mantiene el Senado cerrado, el aumento a las jubilaciones será ley. Y entonces obligarán a Javier Milei a vetarla en plena campaña electoral, en las elecciones que definirán la renovación legislativa en ambas cámaras.
Los legisladores de La Libertad Avanza solo permitirán el debate por comisión, con la intención de ralentizar la discusión, y con una agenda que incluya reuniones informativas para que recién en agosto llegue el momento de las definiciones. Dictámenes y debate en el recinto.
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El jueves, durante su informe de gestión y antes del agravio de la senador K Cristina López que derivó en su partida del reciento, Guillermo Francos se refirió a la reforma previsional, que ya cuenta con medio sanción en Diputados.
Para justificar el rechazo del Gobierno al aumento de 7,2% a las jubilaciones, la suba del bono a 110 mil pesos para las jubilaciones mínimas y la prórroga de la moratoria previsional, el jefe de Gabinete -que este miércoles regresará al Senado- habló del “estado calamitoso del sistema previsional” que encontró la gestión de Milei al asumir en el 2023.
“Tenemos 1.862.000 de jubilaciones otorgadas sin moratorias, y 3.912.000 otorgadas con moratoria -indicó Francos-. Eso implica que hay más jubilaciones con moratorias que con aportes, en una proporción de 2 a 1. Estamos ante un sistema deficitario e inviable. Solo entre la modificación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono, impactaría en un 0,8% del PBI”.
Los preparativos para la discusión por las jubilaciones y la emergencia en discapacidad
Pese al diagnóstico de Francos, la oposición en el Senado diagrama el debate para avanzar con los aumentos de las jubilaciones y del bono para los ingresos mínimos en la clase pasiva. Y además, acompañar a la Cámara de Diputados con la sanción de la norma que declara la emergencia en discapacidad.
Se trata de proyectos que -de convertirse en ley- pondrán en riesgo el déficit fiscal, según la consideración del Presidente. Aun cuando en Diputados, Nicolás Massot (de Encuentro Federal) se preocupó por anexar en uno de los artículos la manera de financiar del aumento a los jubilados para complacer las exigencias de los libertarios.
En la iniciativa a considerar por los senadores, Massot planteó desde utilizar el ahorro presupuestario por haber logrado que el FMI elimine los recargos a los intereses, a redireccionar las partidas que por DNU se le asignaron a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), entre otras alternativas.
La postura de los senadores
En los últimos días el senador libertario Ezequiel Atauche dejó en claro que desde su espacio están dispuestos a dar el debate, aunque no comparten el fondo de los proyectos sancionados por la oposición en Diputados con el argumento del alto riesgo por déficit cero.
Los senadores de Unión por la Patria están abroquelados en acompañar la decisión de los diputados respecto a la reforma previsional. “Es una necesidad urgente darle tratamiento. Lo está pidiendo la gente. Es inevitable tratar ese tema por la importancia de las jubilaciones y la emergencia (en discapacidad). Esperemos que el Gobierno no dilate más el debate y vayamos al recinto”, sostuvo Carlos Linares.
En tanto, en la última semana la UCR tuvo una reunión de bloque para avanzar en definiciones referidas a la agenda legislativa. “Voy a acompañar ambos proyectos, el de jubilados y la emergencia en Discapacidad. Pero tengo mis dudas sobre otros temas (en referencia a la moratoria previsional)”, aclaró Pato Blanco, senador por Tierra del Fuego.
Los proyectos sobre las jubilaciones y la emergencia en discapacidad
El 5 de junio, la Cámara de Diputados aprobó -por 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones- un incremento excepcional y de emergencia del 7,2%, para todas las jubilaciones y pensiones. También elevó de -$70 mil a $110 mil- el bono para las jubilaciones mínimas, que se encontraba congelado desde diciembre de 2023.
Además, la Oficina del Presupuesto del Congreso realizó una estimación sobre el impacto fiscal y la cantidad de personas que podrían beneficiarse con la prórroga por dos años de la última moratoria: “Las potenciales altas por moratoria se estiman en 441.226 en caso de prorrogarse por dos años: 219.644 altas para el primer año y 221.582 para el segundo. La extensión de la moratoria implicaría un costo fiscal de 0,084% del PBI para el primer año y 0,081% para el segundo”, aclaró el organismo que asesora a los legisladores con datos concretos.
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En relación con la emergencia en discapacidad, se la declaró en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. La norma obtuvo en Diputados 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones. Prevé el financiamiento adecuado de las pensiones no contributivas por discapacidad y el fortalecimiento de los prestadores, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
Días atrás Unión por la Patria logró en el Senado que Stefanía Cora quede a cargo de la Comisión de Población, que deberá analizar -junto a su par de Presupuesto- la Emergencia en Discapacidad. “Uno de los proyectos que tenemos apunta a las personas con discapacidad y a pensarlas desde el enfoque de sus derechos”, dijo Cora.
