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    Avanza la causa por las fotomultas: citan a declarar a empleados del Ministerio de Transporte bonaerense

    Según la acusación, el esquema ilegal consistía en un sistema paralelo de gestión de multas, mediante el cual se ofrecían descuentos irregulares del 50% a los infractores a través de intermediarios no autorizados. También se investigan irregularidades en la licitación del servicio de VTV.

    25 de junio 2025, 16:07hs
    Jorge D’Onofrio era el ministro de Transporte bonaerense. (Foto: gentileza La Noticia 1).
    Jorge D’Onofrio, el exministro de Transporte bonaerense. (Foto: gentileza La Noticia 1).

    El fiscal Álvaro Garganta convocó a nueve trabajadores del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires a prestar declaración testimonial en el marco de la investigación por presuntas maniobras irregulares vinculadas al sistema de fotomultas y a la concesión de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Las audiencias comenzarán el 2 de julio, antes del inicio de la feria judicial.

    El objetivo de los interrogatorios es esclarecer el funcionamiento interno del Ministerio durante la gestión del exministro Jorge D’Onofrio, actualmente imputado junto a otras 15 personas por delitos como fraude a la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

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    Entre los puntos que la Justicia busca dilucidar se encuentra el papel que habría tenido en la estructura Claudia Pombo, concejal del municipio de Pilar y una de las personas más cercanas a D’Onofrio, quien no tenía un cargo formal en la cartera, pero habría influido en decisiones clave.

    Los testigos deberán responder específicamente si Pombo cumplía funciones operativas en el Ministerio y cuál era su rol dentro del esquema investigado.

    La concejal Claudia Pombo también está imputada en la misma causa que D'Onofrio. (Foto: Pilar de Todos)
    La concejal Claudia Pombo también está imputada en la misma causa que D'Onofrio. (Foto: Pilar de Todos)

    Además del exministro, están implicados altos exfuncionarios como Pablo Javier Sanguinetti (exdirector de Seguridad Vial), Tomás Uthurriague (exdirector de Informática) y Sebastián Desio, titular de la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, proveedora de servicios en el área de tránsito.

    La causa también involucra a Mario Quattrocchi, exjuez de faltas de La Plata, quien mantendría una estrecha relación con Pombo. Ambos habrían viajado en reiteradas ocasiones al exterior y estarían vinculados a emprendimientos gastronómicos en Málaga, España.

    La presión judicial también alcanzó a Marcelo Peralta, exjuez de faltas en Mar del Plata, recientemente apartado de su cargo por las nuevas autoridades ministeriales.

    Por su parte, Pombo renunció a la presidencia del Concejo Deliberante de Pilar en medio del escándalo y, según trascendidos, estaría evaluando colaborar con la Justicia como arrepentida.

    Cámara de tránsito. (Foto: AdobeStock)
    Cámara de tránsito. (Foto: AdobeStock)

    Según la acusación del fiscal Garganta, el esquema ilegal consistía en un sistema paralelo de gestión de multas, mediante el cual se ofrecían descuentos irregulares del 50% a los infractores a través de intermediarios no autorizados.

    Asimismo, se investigan irregularidades en la licitación del servicio de VTV, que habría sido concedido a siete empresas bajo la condición de contratar previamente a la firma “Soluciones en Telecomunicaciones”, supuestamente vinculada a funcionarios del ministerio.

    D’Onofrio se desligó de los cargos, asegurando que cuando asumió, el sistema de la VTV “llevaba dos décadas prorrogado sin regularización”.

    En concreto, el caso se lleva adelante en diferentes expedientes. En uno de estos casos se investiga si una serie de municipios desviaron millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín, que no habría estado registrada como proveedora para intervenir en el proceso.

    Se trata del expediente que lleva adelante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, que conduce Juan Manuel Culotta.

    Leé también: Axel Kicillof coordina una reunión con un intendente K para discutir la estrategia y empezar a definir las listas

    Según pudo saber TN, la Justicia investiga los convenios que 11 municipios firmaron con esa casa de estudios para la administración del cobro de multas por infracciones de tránsito. Entre las jurisdicciones están La Matanza, Roque Pérez, Olavarría, General San Martín y San Isidro, entre otras.

    El juez Culotta ordenó allanamientos sobre las firmas prestadoras del servicio de fotomultas Secutrans S.A., de Leandro Camani, y Tránsito Seguro S.A., de donde se llevó documentación vinculada a los contratos con los municipios y la Universidad de San Martín. Se cree que, tan solo en 2024, se habrían desviado unos $1900 millones.

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