El Tribunal Oral Federal 2 remitió a la Cámara Federal de Casación la apelación de la defensa de Cristina Kirchner para que pueda recibir visitas sin previa autorización judicial.
Se trata del recurso presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy para que se deje sin efecto la imposición realizada por el Tribunal al momento de otorgarle la prisión domiciliaria a la expresidenta.
Leé también: El Gobierno posterga hasta después de las elecciones la definición de las vacantes en la Corte Suprema
“Advirtiendo que el recurso interpuesto por la defensa de la nombrada ha sido presentado en plazo (art. 463 del CPPN), que la resolución es impugnable por esta vía (cfr. art 491 del CPPN), y en atención a que la parte encarrila el agravio como un error en la interpretación de la ley sustantiva (art. 465, inc. 1 del CPPN), habremos de hacer lugar al remedio intentado”, sostuvieron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Para la defensa de Cristina Kirchner, la regla impuesta por el TOF resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social de su representada.
Los abogados aseguraron que los jueces del tribunal omitieron que la expresidenta tiene que reunirse con frecuencia con los profesionales contables que la asisten, al igual que los apoderados que se encargan de las cuestiones administrativas que deben desarrollar en forma diaria en su nombre.
También los peritos designados en el marco de otros procesos judiciales en su contra. Y los asesores que asisten a la expresidenta para continuar desarrollando distintas actividades que no han sido prohibidas con la imposición de la pena.
“Una consideración aparte merece la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”, expresó el documento.
También se destacó que Fernández de Kirchner sigue siendo la presidenta del Partido Justicialista (PJ). “(En un sistema democrático) no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”, expusieron los letrados.
“Ello no se limita a la esfera nacional, pues como es de dominio público, líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada. Dicho con todo respeto, no parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas”, agregaron.
En la apelación se hizo hincapié en que “la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad”.
Por último, los abogados sostuvieron que si no se justifica o revierte dicha decisión sobre las visitas a la prisión domiciliaria de CFK, se trataría de “una regla de conducta que no registra antecedentes, que no encuentra fundamento normativo y cuya finalidad no es explicada, no solo se habrán de lesionar sus garantías personales, sino también los de millones de personas que ella representa y, por ende, al sistema democrático y republicano de gobierno”.
