Con diferentes iniciativas, la oposición dicta el ritmo de los debates en Diputados y marca en el Congreso una agenda que incomoda al Gobierno. Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, mantienen en alerta permanente a La Libertad Avanza.
En ese sentido, ya le solicitaron a Martín Menem, titular de la Cámara baja, una sesión especial para el 2 de julio, con la intención de tratar el financiamiento universitario y la emergencia sanitaria, entre otros temas. También está en agenda una modificación a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
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El pedido lleva la firma de Pablo Juliano (Democracia para Siempre), los radicales Julio Cobos y Natalia Sarapura, y el monobloque de Mario Barletta, aunque cuentan con el respaldo de los demás sectores opositores. Quieren emplazar -es decir, fijar día y hora de reunión del plenario- a las comisiones de Presupuesto y Educación, encabezadas por el oficialista José Luis Espert y el aliado Alejandro Finocchiaro, respectivamente.
Respecto al financiamiento universitario, además de las iniciativas de los legisladores Danya Tavela y Maximiliano Ferraro, está el proyecto que los rectores de distintas facultades de la Argentina presentaron en mayo ante la Comisión de Educación.
Los académicos aseguran que la propuesta, elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional, “no compromete fiscalmente al Estado”. En relación con el financiamiento, hace referencia a la ley de Coparticipación Federal de Recursos Federales, al programa “Desarrollo de la Educación Superior de la secretaría de Educación”, del Ministerio de Capital Humano, la denominada “Proporción Universitaria”.
Esta mecanismo se calculará según el último presupuesto aprobado por el Congreso. Tendrá como numerador el crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales; y como denominador, el monto proyectado de ingresos en la proporción que hace referencia a la ley de coparticipación federal.
El objetivo es garantizar las condiciones laborales y salariales de los docentes y el personal no docente para sustentar el desarrollo universitario, incluyendo la implementación plena de los Convenios Colectivos de Trabajo.
Un debate de estas características ya se realizó durante el 2024, cuando el Congreso aprobó el financiamiento para las universidades, primero en Diputados (el 15 de agosto), y un mes más tarde en el Senado. Pero la ley fue vetada por el presidente Javier Milei. Y luego el veto resultó blindado por 85 diputados, que impidieron conseguir los dos tercios del Cuerpo para rechazarlo.
Emergencia en pediatría
El proyecto, que lleva la firma de diputados de Unión por la Patria, declara la emergencia sanitaria -por el término de dos años- de la salud pediátrica y las residencias nacionales, debido a la grave situación que atraviesa el sistema.
Un artículo también contempla los reclamos de los trabajadores del Hospital Garrahan y del resto de los nosocomios de Argentina. Allí, se exige “la recomposición inmediata de los salarios del personal y los residentes”, que “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”, fija el documento.
Además, la socialista Mónica Fein sumó su proyecto para garantizar el normal funcionamiento del Garrahan, declarándolo “hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”.
Juicio por jurados y los DNU de Milei
De los 17 expedientes que se proponen considerar, hay dos que ya cuentan con los dictámenes aprobados y podrían recibir la sanción de la Cámara de Diputados. Uno de ellos, con amplio consenso entre oficialistas y opositores, es la implementación -en el ámbito federal- del juico por jurados.
El otro, mas polémico, la reforma de la Ley 26.122, que reglamentó el procedimiento de control parlamentario sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la herramienta que Milei utiliza para contrarrestar la minoritaria representación libertaria en el Congreso.
Hoy, los decretos son enviados a la Comisión Bicameral permanente de Trámite Legislativo, que debe expedirse acerca de su validez, dictaminar y elevarlo a cada cámara. Con la aprobación de una sola cámara, el DNU queda ratificado; lo mismo sucede en el caso de que no sea tratado por el Congreso. En cambio, el rechazo de un decreto debe ser por aprobado tanto por el Senado como por Diputados. El texto de esta norma fue redactado en el 2006 por la entonces senadora nacional Cristina Kirchner.
El dictamen de mayoría, que impulsa Unión por la Patria, con las disidencias de Democracia para Siempre y Margarita Stolbizer, establece una modificación sustancial: “Dichos decretos perderán vigencia si no fueran aprobados mediante la resolución de ambas Cámaras de Congreso en un plazo de 90 días corridos, contados desde su publicación”. Además, ordena que con el rechazo de una sola cámara, el DNU quedará derogado.
Los libertarios y sus aliados rechazan cualquier modificación a la ley vigente.
