La defensa de Cristina Kirchner apeló una de las condiciones que el Tribunal Federal Oral 2 (TOF2) estableció para el cumplimiento de su prisión domiciliaria, por la condena en la causa Vialidad. En concreto, la exigencia de que cada persona que la visite en su departamento de Constitución cuente con una autorización judicial previa.
Por tal motivo, la expresidenta debería haber presentado un listado de familiares, amigos, abogados y médicos, para su posterior aprobación por el tribunal. Hasta el momento eso no sucedió.
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Con la firma de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en el escrito que se presentó este viernes se argumenta que el TOF 2 no fundamentó con precisión su decisión. Y que la misma resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social de CFK.
En la enunciación de personas que podrían ingresar a su casa con una autorización previa, “no han sido contemplados una serie de supuestos que resultan de inequívoca importancia”, según profundizaron sus abogados.
Para la defensa de Cristina Kirchner, los jueces del tribunal omitieron que tiene que reunirse con frecuencia con los profesionales contables que la asisten, al igual que los apoderados que se encargan de las cuestiones administrativas que deben desarrollar en forma diaria en su nombre.
También los peritos designados en el marco de otros procesos judiciales en su contra. Y los asesores que asisten a la expresidenta para continuar desarrollando distintas actividades que no han sido prohibidas con la imposición de la pena.
“Una consideración aparte merece la situación de las personas que, sin ser familiares de nuestra representada, mantienen con ella vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”, se lee en el documento.
También se destacó que Fernández de Kirchner sigue siendo la presidenta del Partido Justicialista (PJ). “(En un sistema democrático) no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra”, destacaron los letrados.
“Ello no se limita a la esfera nacional, pues como es de dominio público, líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada. Dicho con todo respeto, no parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas”, se agregó al respecto.
Esto en el marco de la inminente visita a la Argentina del presidente de Brasil, Lula da Silva, en la que planea ver a Cristina Kirchner.
En la apelación se hizo hincapié en que “la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad”.
Por último, los abogados sostuvieron que si no se justifica o revierte dicha decisión sobre las visitas a la prisión domiciliaria de CFK, se trataría de “una regla de conducta que no registra antecedentes, que no encuentra fundamento normativo y cuya finalidad no es explicada, no solo se habrán de lesionar sus garantías personales, sino también los de millones de personas que ella representa y, por ende, al sistema democrático y republicano de gobierno”.