Democracia para siempre, el bloque en Diputados de Pablo Juliano y Facundo Manes, busca derogar el decreto del presidente Javier Milei que implementó la nueva estructura de la Policía Federal Argentina (PFA), creando el Departamento Federal de Investigaciones (DFI).
Presentó un proyecto para rechazar el decreto simple del Gobierno y denunció la norma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los diputados Juliano, Manes, Danya Tavela, Fernando Carbajal, Mariela Coletta y Carla Carrizo presentaron un proyecto de ley para derogar el decreto 383/2025 que creó el DFI.
La iniciativa declara “la nulidad absoluta de todo acto administrativo o jurídico dictado” en virtud del mencionado decreto, “así como de los actos posteriores que se deriven del mismo, por resultar violatorio de derechos constitucionales y exceder las facultades delegadas de la Ley Bases y Puntos de Partida”, señalaron los legisladores.
La medida del Gobierno
El pasado martes 17 de junio, en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal, Javier Milei, acompañado por los ministros jefe de Gabinete, Guillermo Fancos, de Seguridad, Patricia Bullrich y de Defensa, Luis Petri, la secretaria de la presidencia, Karina Milei y el titular de Diputados, Martín Menem, dijo: “Pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo”
La reforma de la Policía Federal, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 383/2025, apunta a prevenir, investigar y desarticular delitos federales y organizaciones criminales.
Los puntos conflictivos
Las facultades delegadas votadas por el Congreso en la ley Bases hacen referencia a la reorganización administrativa de los organismos. Vencen el próximo 8 de julio, al cumplirse un año de la sanción del Senado en 2024, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, descartó prorrogarlas por un año más.
En los fundamentos del proyecto Democracia para Siempre se señaló que, “el Congreso solo habilitó la colegislación a efectos de reorganizar o reestructurar órganos de la administración central, pero bajo ningún punto de vista autorizó al PEN a dictar normas generales restrictivas de los derechos de las personas”.
“Los derechos de los ciudadanos quedaron en manos de las fuerzas de seguridad, lo cual es absolutamente inconstitucional, inaceptable desde el punto de vista de la perspectiva de los derechos humanos”, dijo el diputado Fernando Carbajal.
Carbajal le agregó a TN: “Se están modificando, además, los Códigos Procesales, al darle atribuciones a la Policía Federal, estableciendo condiciones para proceder a la detención de las personas. Pretender volver a criterios anteriores de detención por sospecha policial implica bajar los estándares establecidos por la Corte Interamericana”.
Es por eso que el diputado Fernando Carbajal denunció al Gobierno argentino por esta situación ante la Corte Internacional, solicitando una medida cautelar impidiendo su entrada en vigor. “La norma cuestionada pretende reinstaurar las normas que generaron las prácticas censuradas, en un retroceso del derecho que resulta inaceptable y grave”, dice la denuncia.
Los diputados opositores también mostraron preocupación por uno de los puntos que más inquietud les despierta, que es la falta de claridad en las nuevas facultades de la PFA.
“El decreto deja sin precisar conceptos como ‘amenaza a la seguridad del Estado’ o ‘alteración del orden público’, lo que habilita una peligrosa zona gris. En otros contextos, lagunas normativas similares han resultado en el uso discrecional de fuerzas de seguridad, permitiendo prácticas como la persecución de la protesta, el ciber patrullaje de opositores, la criminalización de organizaciones sociales, o el avasallamiento a la libertad de expresión, frecuentemente justificadas bajo interpretaciones amplias”, fundamentaron.
La postura de Ricardo Gil Lavedra
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, uno de los siempre consultados por el Congreso opinó: “Este decreto excede lo autorizado por la ley 27.742 (ley Bases) pues no se trata solo de una reorganización administrativa, sino que se amplían las facultades a la Policía Federal para detener y requisar a personas sin orden judicial de modo genérico y discrecional. Además, autoriza una suerte de pesquisa en las redes sociales sin precisar sus alcances”.
“Es imperioso que siempre se tenga presente que una restricción de derechos debe hacerse a través del dictado de una ley aprobada por el Congreso, con control judicial suficiente. Nuestra historia registra muy claras evidencias de que los mandatos a las fuerzas de seguridad deben ser claros, concretos y estrictos, ya que, de lo contrario, en la práctica, suelen cometerse excesos, abusos y arbitrariedades”, concluyó el excamarista que juzgó a los jerarcas de la última dictadura militar.
