Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través del decreto 383/2025, plantearon cambios en la estructura de la Policía Federal Argentina que generaron fuertes reacciones en el Congreso Nacional. La medida será llevada a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
El contenido del decreto
El Poder Ejecutivo creó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), derogando el Decreto-Ley N.º 333 de 1958, vigente hasta ahora en la Policía Federal. En su lugar, se aprobó un nuevo Estatuto Orgánico y se lanzó un proceso integral de modernización, que incluye la reorganización del personal, la reorientación presupuestaria y una revisión profunda de la estructura interna. También se culmina el traspaso de funciones de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, iniciado en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri, completando así las funciones de la PFA en materia de seguridad nacional.
Durante la presentación, el presidente Milei afirmó: “A partir de hoy tendremos una PFA enfocada en desarticular organizaciones criminales. Una Federal que identifique y capture a los que dan las órdenes. El delito debe combatirse en todo momento y todo lugar, el orden público es sagrado y los de azul son los buenos. El Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas”.
Reacciones desde la oposición
Desde Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados, cuestionaron que los cambios no hayan pasado por el Parlamento. Consideran que la medida debilita la democracia.
La diputada Mónica Litza expresó en redes sociales: “La ministra Bullrich impulsa una reforma policial, pero una vez más se ‘olvidó’ de enviar el proyecto al Congreso, donde deberían darse este tipo de debates. Habilita el ciberpatrullaje de redes sociales sin autorización judicial, detenciones policiales sin control... Cada vez la democracia más débil y un Estado más autoritario. Con el Congreso de la Nación permanentemente vallado y este decretazo de la ministra de Seguridad, viviremos en un virtual estado de sitio”.
José Glinski, también de UxP, coincidió: “Se hizo por decreto, evitando el debate en el Congreso y al filo del vencimiento de las facultades delegadas. Lo más preocupante: le da a la PFA facultades de inteligencia criminal por fuera del Sistema Nacional de Inteligencia (Ley 25.520). Es decir, crea una agencia de espionaje sin control parlamentario. La policía podrá hacer inteligencia sin causa judicial ni orden de un juez. Esto borra de un plumazo los controles democráticos que tanto costaron construir”.
Glinski agregó: “El concepto de ‘riesgos’ a la seguridad interior es tan vago que permite la arbitrariedad. ¿Quién y cómo se define qué es un riesgo? En democracias serias, las reformas de seguridad son fruto del consenso. Miren al FBI, la Guardia Civil o los Carabinieri. Ninguno fue reformado por decreto”.
A pesar de coincidir con Bullrich en la necesidad de modernizar la fuerza, Glinski criticó: “Imponer una reforma así, sin consenso y sin pasar por el Parlamento, no es fortalecer la seguridad, es debilitar la democracia y profundizar una visión autoritaria. No quieren una policía del Estado de derecho para cuidar a la gente, quieren una policía del Estado Policial para cuidar al poder”.
Repercusiones en el Senado
La Cámara Alta se prepara para recibir el próximo miércoles 25 de junio al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien deberá responder ante los senadores por las reformas y la omisión del debate parlamentario.
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El bloque Convicción Federal, integrante del interbloque de UxP y encabezado por Fernando Salino, manifestó: “Esta reforma otorga nuevas facultades de detención, ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial, priorizando la ‘seguridad del Estado’ por sobre los derechos ciudadanos, pero sin modernizar realmente la fuerza”.
Salino, junto a los senadores Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Fernando Rejal, advirtió: “Esta medida vulnera principios constitucionales, debilita los controles democráticos, limita la capacidad del Ministerio Público Fiscal para combatir delitos complejos y abre la puerta a la criminalización de la protesta social. Exigimos la revisión inmediata de la reforma y la restitución del debate parlamentario como garantía del Estado de derecho”.
Diputados de otras fuerzas también criticaron el decreto
La diputada radical Mariela Coletta (Democracia para Siempre) expresó: “Esta reforma del Estatuto de la Policía Federal debería, como mínimo, pasar por el Congreso. Una vez más, el Gobierno la impone por decreto. Dispone ‘tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales’, sin necesidad de autorización judicial previa. Lejos de dar más libertad, cada vez que pueden limitan más las libertades de los argentinos”.
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Su compañero de bloque, Fernando Carbajal, fue aún más tajante: “El Gobierno ha establecido un virtual estado de sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario”.
El diputado Leopoldo Moreau, también de UxP, adelantó: “Vamos a demandar formalmente a la ministra Bullrich ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia y en la Justicia Federal por violación a la Ley de Inteligencia 25.520. Ordenó a las fuerzas federales requisar y copiar listas de pasajeros, y fotografiar documentos de quienes venían desde el interior a la marcha en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Está construyendo una base de datos sobre la adhesión política de los ciudadanos, algo expresamente prohibido. Es un paso más en la deriva autoritaria que ella conduce”.
Defensa oficialista del decreto
Desde el oficialismo, la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado defendió el decreto: “Se concretó en virtud de una delegación legislativa incluida en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, hasta el 7 de julio. En ese marco, se delegaron facultades al Poder Ejecutivo conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional”.
Y concluyó: “La misión central de la PFA pasa a ser la investigación de delitos federales y complejos, con foco en el crimen organizado, narcotráfico, delitos transnacionales y protección del Estado Nacional. Sus funciones están acordes con otras leyes y protocolos actualmente vigentes”.
