El juez Jorge Gorini resolvió este martes que Cristina Kirchner permanezca detenida con prisión domiciliaria en su departamento de San José al 1111, en Constitución, por lo que no tendrá que presentarse en Comodoro Py. De esta forma, intentan desactivar la movilización prevista para este miércoles.
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Entre las condiciones que fijó la Justicia, según el documento al que accedió TN, la expresidenta no podrá alterar la tranquilidad del barrio, es decir, que tendrá que evitar salir al balcón, donde decena de militantes acampan en la vereda desde que salió la condena.
Además, la exmandataria tendrá que entregar un listado de sus familiares, custodios y profesionales, como médicos y abogados que tengan que ir a su domicilio. Por último, Gorini incluyó entre las medidas el uso de tobillera electrónica.
Estas condiciones serán supervisadas cada tres meses, por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. De no cumplirse, podría ir a una cárcel ordinaria.
Una por una, las condiciones que fijó la Justicia
“Resuelvo imponer a la nombrada las siguientes reglas de conducta, las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión”, expresó el juez en su resolución y aclaró:
- Deberá permanecer en el domicilio fijado, salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente para obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.
- Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.
- En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio sin necesidad de autorización judicial.
- Deberá requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.
Jorge Gorini también encomendó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria, la cual deberá elevar al Juzgado un relevamiento cada tres meses, para evaluar el grado de acatamiento.
A su vez, ordenó a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico.
Por todo esto, Gorini dejó sin efecto la citación que estaba fijada en la condena, pero sus abogados deberán continuar con los trámites que se decretaron en el fallo.
