El Tribunal Oral Federal N°2 notificará esta tarde a Cristina Kirchner de la prisión domiciliaria. Así lo confirmaron fuentes del Gobierno a TN. Lo harán por Zoom y será para evitar el desplazamiento de la expresidenta.
De esta manera, la titular del PJ quedará presa y no podrá participar de la movilización prevista para mañana.
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La definición se dará en medio de una jornada clave: este mismo martes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron el pedido de la defensa de Cristina y recomendaron que se mantenga la orden original de detención. Sin embargo, el juez Jorge Gorini ya tiene avanzada una resolución en sentido contrario y prepara los detalles finales del documento que oficializará la medida en las próximas horas.
El plazo para que la expresidenta se presente voluntariamente en tribunales vence este miércoles. Pero una vez que se concrete la notificación, la instancia judicial se cumplirá sin necesidad de traslado y Cristina quedará detenida en su departamento de San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución.
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La medida incluye algunas condiciones puntuales. No habría tobillera electrónica por falta de dispositivos, pero se implementará una custodia presencial a cargo de fuerzas de seguridad oficiales. También se restringirá el aforo de reuniones políticas en su domicilio, aunque no tendrá límites para comunicarse por redes, conceder entrevistas ni aparecer en espacios públicos como el balcón de su departamento.
En el Gobierno temían que un traslado judicial de Cristina desencadene una protesta difícil de controlar. Desde el peronismo, sin embargo, insisten en que la movilización sigue en pie, incluso si la notificación de la domiciliaria se concreta antes. La consigna “Cristina Libre”, impulsada por distintos sectores del PJ, gremios y organizaciones sociales, apunta a denunciar una persecución judicial y acompañar a la exmandataria frente a lo que consideran un caso de lawfare.
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Mientras tanto, la defensa de la exmandataria ya activó una estrategia internacional: denunció su situación ante la Corte Penal Internacional y planea presentarse ante la CIDH para intentar revertir la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos que también ratificó la Corte Suprema. Como antecedente, citarán el caso del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Resta saber si la militancia aceptará la nueva realidad o insistirá con una movilización que, ahora, pierde su razón inicial: la detención en tribunales de la principal figura del kirchnerismo.
