El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ministro de Salud, Mario Lugones, por irregularidades en el manejo del Hospital Garrahan. La investigación comenzó por una denuncia presentada por Elisa Carrió y Marcela Campagnoli.
Las legisladoras sostienen que Lugones habría solicitado, con consentimiento de sus superiores, la renuncia de la totalidad del Consejo Directivo del Garrahan “de manera arbitraria y contraria a la normativa”.
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Esto sucedió en octubre de 2024, cuando el Consejo Directivo del Garrahan había autorizado la entrega de un bono al personal “de manera inconsulta con la máxima autoridad de la cartera de salud”.
La denuncia asegura que el bono entregado obedecería a una suma para los profesionales de la salud y que proviene de un fondo que el consejo administra y sobre el cual puede decidir sin necesidad de consultar con el Ministerio de Salud.
“Esa suma no correspondería a la pauta salarial, la cual se negocia en conjunto con el resto de los organismos y hospitales que dependen de la cartera de salud nacional”, indica la demanda.
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Carrió señaló que “el único motivo por el cual fue tomada esta decisión (de Lugones), es un encono personal del ministro y las autoridades del Ejecutivo posiblemente motivado en evitar un efecto contagio en los reclamos salariales por parte de los restantes hospitales, ya que se recortó el presupuesto de salud”.
La denuncia subraya que el pedido de renuncia busca “amedrentar a toda autoridad administrativa” para que “se someta al criterio del Ministerio de Salud, aún cuando se actúe en contra de las normas legalmente vigentes”.
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En este contexto, Marijuan pidió al Garrahan que aporte (en cinco días y en formato digital) su organigrama con el cuadro completo de las autoridades del hospital, con indicación de sus cargos, funciones y dependencias.
Asimismo, solicitó un informe sobre la integración del Consejo de Administración del hospital, antes y después de octubre de 2024 con todos los datos de sus miembros.
