La modificación e integración de la AGN ya genera una puja por los proyectos entre diputados y senadores.
El libertario Nicolás Mayoraz volvió a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja para este miércoles a las 10, con el objetivo de avanzar en los proyectos vinculados a este tema, incluido el del presidente de la Cámara, Martín Menem.
Los senadores iniciarán la discusión sobre la AGN ese mismo día, pero a las 13. La disputa gira en torno a la autoría intelectual del proyecto.
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Para los diputados del oficialismo, hay una doble estrategia parlamentaria: por un lado, buscan debatir su propio proyecto; por el otro, intentan bloquear las intenciones de la oposición de avanzar con las designaciones de los auditores generales. Argumentan que Diputados trabaja en la mejora de la ley y en la adecuación de los mandatos a una duración de cuatro años, con posibilidad de una sola reelección.
La semana pasada, los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda intentaron designar como auditores al actual diputado Emilio Monzó (Encuentro Federal) y a Juan Ignacio Forlón (UxP), con mandatos de ocho años, según establece la ley vigente.
Sin embargo, la sesión fracasó por falta de quórum y por divergencias dentro del sector opositor, donde también se encuentran la Coalición Cívica y los representantes del gobernador cordobés Martín Llaryora.
El proyecto impulsado por Martín Menem, que ya comenzó su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, establece que el auditor general será designado por el Senado, a partir de una terna propuesta por el presidente del partido político de la oposición con mayor número de legisladores. Su mandato será de cuatro años, con posibilidad de una única reelección, sea consecutiva o alternada.
La parte clave del proyecto comienza en el artículo 18, que regula la designación de los miembros de la AGN, que serán siete: un presidente y seis auditores auxiliares. De estos, cuatro serán propuestos por el presidente de la Cámara de Diputados y dos por el presidente del Senado, lo que implica que la Cámara alta perdería un miembro.
Diputados elegirá tres auditores auxiliares en proporción a los bloques parlamentarios con mayor cantidad de miembros, y el cuarto será en representación del oficialismo. El Senado elegirá dos auditores, también representando a los bloques con mayor número de legisladores. El proyecto fue defendido en comisión por el libertario salteño Julio Moreno Ovalle.
Las otras iniciativas
También se discuten otros proyectos, como los de Carla Carrizo y Danya Tavela (ambas de Democracia para Siempre); Ernesto “Pipi” Alí junto a Ricardo Herrera (UxP); Natalia Zaracho y Agustina Propato (UxP); Paula Oliveto (Coalición Cívica); Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal); y Silvana Giudici (Pro), quien propone el fortalecimiento del control externo de la administración pública nacional.
Giudici plantea que las auditorías y relevamientos se realicen al término de los mandatos presidenciales. Estos exámenes comenzarían 30 días antes del traspaso de mando e incluirían recuentos, arqueos y validaciones para evaluar el estado de la deuda pública, el stock de reservas internacionales del Banco Central, la situación de los juicios en los que el Estado nacional sea parte, los resultados fiscales y la totalidad del personal del Sector Público Nacional.
Argumenta que “tener buenos controles significa que sean objetivos, es decir, despojados de subjetividades político-partidarias y de intenciones de favorecer o perjudicar a determinada persona. Que se hagan a tiempo, se enfoquen en temas prioritarios para los ciudadanos y tengan la fuerza necesaria para que sus recomendaciones sean implementadas. El control es una institución clave de la democracia representativa, presente en las garantías constitucionales, en la división de poderes, en el voto, y en la libertad de expresión”, señaló Giudici.
Danya Tavela propone institucionalizar un proceso de análisis y evaluación de políticas públicas a cargo de la Administración Pública Nacional, antes, durante y después de su ejecución.
Carla Carrizo propone reducir los mandatos de los auditores a cuatro años y mantener una AGN integrada por siete miembros: un presidente propuesto por el partido opositor mayoritario, tres auditores designados por Diputados y tres por el Senado. Las designaciones responderán a la representación del partido con mayor número de miembros, seguido por los partidos de la primera y segunda minoría, en ambas cámaras.
Agustina Propato, en cambio, sostiene que no podrán ser auditores quienes hayan representado, asesorado o participado —directa o indirectamente— en entidades, sociedades, empresas, fundaciones de interés privado del exterior o cualquier otro tipo de patrimonio similar, ni quienes posean derechos como beneficiarios. No obstante, mantiene la duración del mandato en ocho años, con posibilidad de reelección.
Debate en el Senado
En paralelo, los senadores avanzan con los proyectos de José Mayans (UxP), que busca modificar la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Su iniciativa propone que la AGN esté compuesta por nueve miembros con mandatos de cuatro años, renovables. Ocho de ellos serían designados por resolución de ambas Cámaras (cuatro por cada una), observando la composición política de cada Cámara. El presidente sería designado mediante resolución conjunta de los presidentes del Senado y Diputados.
También se presentó un proyecto de los senadores Juan Carlos Romero y Carlos Espínola (Provincias Unidas), que mantiene a la AGN con siete miembros pero reduce los mandatos de ocho a cuatro años. Otra iniciativa, presentada por José Leavy (UxP), propone una AGN compuesta por cinco miembros.
El dictamen que primero sea aprobado en el recinto —ya sea en Diputados o en el Senado— pasará a la otra Cámara para su revisión. Si se modifica, la Cámara de origen podrá insistir con su versión original o aceptar los cambios. De allí la importancia de imponer el propio proyecto y la puja actual en el Congreso sobre la reforma en la composición de la Auditoría General de la Nación.
