Con la llegada de Emilio Viramonte Olmos a la secretaría Administrativa del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel había inició un operativo cerrojo sobre su tarea en la conducción de la Cámara Alta y de acercamiento al resto de las fuerzas políticas, empezando por el poderoso bloque de Unión por la Patria.
Pero este viernes el secretario presentó su renuncia por “no haber tenido funciones” desde que fue designado, generando una crisis. Duró apenas dos semanas: había jurado en su cargo el 7 de mayo en remplazo de María Laura Izzo.
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Viramonte Olmos es un abogado cordobés radicado en Villa Allende, se había desempeñado como jefe de Gabinete de asesores de la vicepresidenta, y en el pasado tuvo contactos políticos con Javier Milei, con la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y con el asesor Santiago Caputo.
Los cambios de las últimas semanas
Villarruel designó a Roberto Carlos López a pedido de Martín Lousteau, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El legislador radical también solicitó la designación de Roberto Carlos López como director de Asesoría Legal de dicha Comisión. El nombramiento es en la categoría A1, la más alta del escalafón administrativo, desde el 13 de mayo.
La Comisión Bicameral es la encargada de hacer un seguimiento de los organismos de inteligencia del país. La SIDE es una dependencia controlada por Santiago Caputo, enfrentado a Victoria Villarruel.
El 9 de mayo, la vicepresidenta modificó y aprobó la estructura orgánico-funcional de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y creó varias subdirecciones. Según su decreto, tendrá la misión de “ejercer la asesoría legal y entender en los aspectos técnico-jurídicos de la gestión de las diversas áreas” del Senado, con la función de asistir a la titular del cuerpo; es decir, a la propia Victoria Villarruel. Nombró en ese lugar a Martín Ferraro, que venía desempeñándose a cargo de la Dirección de Auditoría interna del Cuerpo legislativo.
En la Dirección de Recursos Humanos, dejó su lugar Gonzalo Izurieta, remplazado por Alejandra Figini, quien fuera directora y fundadora de una consultora especialista en Recursos Humanos.
Ferraro remplazó a Gisella García Ortiz, quien en abril pasado recomendó a Villarruel una serie de cesantías de trabajadores del Senado, lo que tensó la relación del vicepresidente con la bancada de Unión por la Patria. En las últimas semanas buscó recomponer la relación con la principal fuerza opositora en el Senado y con los gremios. Hubo recategorizaciones y designaciones en varias comisiones de senadores del interbloque que encabeza José Mayans. Así fue cómo, por ejemplo, la fueguina María Eugenia Duré asumió la presidencia de la Comisión Banca de la Mujer.
Dentro de las categorizaciones también están las de varios empleados que pertenecen a bloques políticos aliados. Subió a una de las categorías más altas a Estefanía De Ángeli, sobrina del presidente del cuerpo del PRO, Alfredo De Ángeli, subió a una de las categorías más altas, A2.
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Los gremios legislativos celebraron los nombramientos de Villarruel. “Esta disposición da inicio a un proceso de recategorización de las categorías más bajas, devela por un lado la problemática salarial que atraviesan las familias legislativas y el firme reclamo de las organizaciones sindicales que, en varias reuniones, hemos solicitado determinaciones políticas que permitan sostener la dignidad de nuestro trabajo”, señalaron en un comunicado firmado por Norberto Di Prospero, de APL, Claudio Britos, de ATE, y Martín Roig, de UPCN.
Villarruel aquí marcó diferencias con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien es cuestionado por los sectores gremiales. En la sesión del miércoles, los diputados Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Mónica Frade (Coalición Cívica) le solicitaron a Menem que recomponga el salario de los trabajadores legislativos y reabra las discusiones paritarias. La vicepresidenta encontró otro camino: el de la recategorización.
Otro de los cambios fue la salida de su vocero, Gaspar Bosch, quien la acompañó eficientemente desde su llegada a la conducción del Senado. Según las fuentes consultadas por TN, se dio por “diferencias irreconciliables”. A una semana de la renuncia de Bosch. todavía no hay remplazante.
Pero la salida con impacto en el grupo íntimo de Villarruel fue la de uno de sus principales laderos: Juan Martín Donato, director de Atención Ciudadana del Senado, quien también ocupaba el cargo de subdirector de Coordinación y Gestión Social. Una suerte de operador político de la vicepresidenta, quien integraba el sector juvenil de la agrupación Derecha Argentina.
La estructura del Senado
El resto de los cargos administrativos del Senado fueron votados por la Cámara en la sesión del 7 de mayo, y con acuerdos políticos de los diferentes sectores, pero se han transformado en baluartes para la conducción del Cuerpo.
Agustín Giustinian es el actual secretario Parlamentario; fue asesor del entonces presidente provisional Federico Pinedo y se transformó en uno de los principales asesores de la vicepresidenta. La prosecretaria parlamentaria es Dolores Martínez; con amplia experiencia legislativa y exdiputada nacional de la UCR, responde al senador Martín Lousteau.
En la Prosecretaría Administrativa se encuentra Lucas Clark, con el respaldo del gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Manuel Chavarría es prosecretario de Coordinación Operativa, con terminal en el senador Juan Carlos Romero, pieza fundamental para los argumentos libertarios ante las embestidas de UxP.
En los próximos días la Victoria Villarruel deberá abocarse a resolver el postulante al cargo de la Secretaría Administrativa, es quien maneja la caja y los nombramientos en el Senado. Mientras tanto se dilata una definición de los legisladores respecto a sus dietas y a la ley de enganche de sus ingresos con los ingresos de los trabajadores legislativos.
