El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich, resolvió solicitar a los jueces federales con competencia en Rosario la declaración de esa ciudad como “zona sujeta a investigación especial”, en los términos del artículo 4° de la Ley N° 27.786 (Ley Antimafias), que apunta a combatir a las organizaciones criminales con medidas extraordinarias.
Esa es la figura prevista por la ley sancionada el 20 de febrero en sesiones extraordinarias del Senado, que otorga mayores herramientas a los investigadores para avanzar en la persecución de bandas criminales.
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La Resolución 572/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, señala que en Rosario “operan organizaciones criminales que desarrollan conductas vinculadas con los delitos contemplados en el artículo 2° de la Ley N° 27.786” y que esas estructuras “actúan bajo modalidades coincidentes con las contempladas en el artículo 3° de esa misma norma”, según información clasificada de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
El pedido surge como respuesta a la escalada de violencia que se registra en la ciudad y que llevó al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a solicitar al Ministerio la convocatoria del Comité de Crisis, lo que fue concedido en marzo mediante la Resolución 107/2024, y prorrogado posteriormente por la Resolución 634/2024, aún vigente.
En esa línea, el Ministerio argumenta que las solicitudes del gobernador y la conformación del Comité “serían por sí mismas suficientes para dar por cumplidos los presupuestos del artículo 3°, inciso c), de la Ley 27.786”, en cuanto a la reiteración de delitos graves y la insuficiencia de los mecanismos institucionales para hacer cumplir la ley en esa área.
“Como es de público conocimiento, en los últimos días se han producido en la Ciudad de Rosario hechos delictivos de extrema gravedad, que generaron en esa ciudad una situación de conmoción social, lo que hace necesario el urgente esfuerzo coordinado del Estado Nacional y de la Provincia de Santa Fe en orden a restablecer la seguridad interior”, recordó la resolución, citando lo expresado en la normativa de marzo.
La Ley 27.786 faculta al Ministerio de Seguridad, junto al Ministerio Público Fiscal y las fiscalías especializadas, a solicitar al Poder Judicial la declaración de zonas como “sujetas a investigación especial”, siempre que se verifiquen hechos reiterados de criminalidad grave orientados al control territorial, el amedrentamiento de la población o el desplazamiento de otras organizaciones, entre otros fines.
Con la resolución, además, se pone a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que operan actualmente en Rosario bajo el Plan Bandera, tanto para tareas previas como posteriores a la eventual declaración judicial.
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“El crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada”, sostiene el texto.
