El Juzgado Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata admitió la cautelar interpuesta por la provincia de Buenos Aires y habilitó a 11 empresas de gas a cobrar el Fondo Especial de Obras. Desde octubre del año pasado, ese tributo no estaba incluido en las tarifas que deben pagar los usuarios por decisión del gobierno de Javier Milei.
A partir de esta decisión, la administración de Axel Kicillof empezó acciones judiciales, lo que tuvo una resolución favorable esta semana. La decisión de la jueza María Ventura Martínez alcanza a grandes empresas como Camuzzi Gas Pampeana, Litoral Gas, Naturgy y otras cooperativas que operan en territorio bonaerense.
Leé también: El Gobierno oficializó los aumentos mensuales para las tarifas de luz y gas que regirán hasta 2027
Con ese fallo, las empresas podrán volver a cobrar el 4% del costo total del servicio en sus boletas. El tributo había sido eliminado mediante resoluciones de la Secretaría de Industria y Comercio y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
La jueza admitió la cautelar por entender que “se pone en riesgo, en general, el acceso a la provisión de gas dado el desfinanciamiento repentino de un tributo que tenía asignación específica”.
Leé también: El fracaso de Ficha Limpia profundizó el malestar entre el PRO y LLA y se frenaron las negociaciones en PBA
También admitió el planteo del Gobierno bonaerense, que aseguró que no incluir el impuesto en la factura de gas implica la inmediata cancelación del fondo que sustenta, el cual “fue, es y será la fuente de financiamiento de un cuantioso número de obras de infraestructura, que ya han sido finalizadas y habilitadas, se encuentran en curso de ejecución o han sido planificadas para ejercicios presupuestarios venideros”.
La sentencia remarcó que “el impuesto como sistema de percepción mediante un porcentaje en la facturación al usuario, jamás tuvo reproches constitucionales por parte de las distribuidoras ni de usuarios”, por lo que “hay una práctica institucional sostenida al respecto”.
Además, “al menos en este estadio, es razonable sostener que la conducta asumida por las empresas y cooperativas no es la que necesariamente se deriva de la normativa, pues ellas bien podrían haber sometido el tributo de marras, y su obligación como agentes de recaudación, a una nueva autorización, ya que este adicional cumpliría con las condiciones para ello”, agregó la magistrada.
La disputa por recursos entre Nación y Provincia
En septiembre del 2024, la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación primero y el ENARGAS después, ordenaron suspender el cobro en las facturas correspondientes de “conceptos contenidos en los comprobantes que sean ajenos al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor”. Esto afectó el Fondo Especial de Obras, que era “exclusivamente para la planificación y ejecución de obras”, indicaron desde el Gobierno bonaerense.
En febrero de este año, la administración de Kicillof realizó una presentación judicial para cuestionar la “arbitraria decisión por ilegítima e inconstitucional, violatoria de las competencias locales y del principio de autonomía provincial”. En esta presentación, la medida fue rechazada además por “avasallar los principios del federalismo, así como las potestades impositivas que le corresponden a la provincia”.
Ahora, luego del fallo que revierte la medida de la Nación, en el ejecutivo de Kicillof afirmaron que no se conforman. “Este es el primer paso de una batalla que seguiremos dando porque lo que queda claro es el modo de gestionar del Gobierno nacional: mediante una mera resolución de un funcionario, pretenden avasallar no solo la jurisdicción provincial, sino también lo resuelto por representantes del pueblo bonaerense en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”, aseguró el Subsecretario de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gastón Ghioni.
Desde Provincia aclararon que el fondo en cuestión fue creado en 1975 por la Ley 8474 y busca contribuir al financiamiento de las inversiones en obras de gas natural, a presión (GNP), de petróleo (GLP) y licuado (GNL). “El objetivo es garantizar un piso de presupuesto para obras de un servicio público esencial como es el acceso al gas”, explicaron.
En ese sentido, enfatizaron: “La inclusión del impuesto Ley 8474 en la facturación del servicio público de distribución de gas no viola el derecho de los consumidores a una información adecuada y veraz, ya que está debidamente identificado e informado en la factura y se vincula específicamente con la prestación del servicio”.
No es este el único reclamo del gobierno provincial a Nación. Meses atrás, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y 20 intendentes firmaron una presentación judicial contra Javier Milei. La demanda se centra en el “desvío de fondos”: sostienen el Gobierno no transfirió el año pasado a Vialidad Nacional $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles.
La puja entre Milei y Kicillof por recursos viene desde el inicio del mandato del líder de La Libertad Avanza. La decisión de YPF de no llevar adelante la inversión para crear una planta de GNL en Bahía Blanca fue una consecuencia directa de esa disputa política y económica.
