El Gobierno ultima detalles del decreto presidencial con el que se desprendería parcialmente de la empresa estatal de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA).
La idea del Ejecutivo es avanzar sobre un esquema mixto, que incluya la venta de acciones a través de una licitación pública, junto con la colocación de otras en la Bolsa de Comercio. “Seguimos trabajando los pliegos de Aysa. Les falta poco”, indicaron a TN desde Nación.
La empresa se creó el 21 de marzo de 2006 a través del Decreto 304/2006, que luego fue ratificado por la Ley 26.100. Tiene a cargo la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires.
El Estado es dueño del 90% de las acciones y el 10% restante es de los empleados a través de un Programa de Participación Accionaria.
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Las distintas sedes de la compañía abarcan una superficie de 3.363,51 km2, cuenta con 3.384.642 usuarios residenciales y 349.754 no residenciales. En total se trata de 3 plantas potabilizadoras, 21 depuradoras, 25 de tratamiento de agua subterránea, 14 estaciones elevadoras y 195 de bombeo. Asimismo, tiene a cargo 6.344 empleados luego de las 1.364 cesantías que el Gobierno realizó en 2024.
El año pasado, AYSA tuvo ingresos corrientes por $934.271 millones, que se dividieron entre $790.200 millones por operación y $143.717 millones por transferencias corrientes del Tesoro Nacional. Gastó en total $775.041 millones, que contemplaron $283.957 millones en remuneraciones y $357.149 millones en bienes y servicios. Abarcó además $202.937 millones en gastos de capital para ejecutar en obras e inversiones.
Según datos del Ministerio de Economía sobre el tercer trimestre de 2024, la empresa gastó más de $186.581 millones en proyectos como la ampliación de la planta en Bernal y construcción del Río Subterráneo Sur ($19.272,3 millones) junto a obras en las plantas de Hurlingham ($29,9 millones), La Matanza ($1.126,8 millones), Sistema Berazategui ($6.511 millones) y Sistema Riachuelo ($16.663 millones).
La motosierra a las empresas del Estado
El Gobierno ya avanzó con los decretos que dan inicio a la privatización de las empresas Belgranos Cargas, Corredores Viales, Intercargo y Energía Argentina S.A. (Enarsa). Además, ya puso la mira en Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), que todavía no cuenta con un plan de venta definido. Una de las opciones que baraja el Ejecutivo es dividir la licitación en base a las líneas.
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El encargado de preparar los pliegos de las privatizaciones es el equipo de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, Diego Chaher. Es uno de los puntos que abarcó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el detalle técnico de la firma del acuerdo, que recomendó tener un esquema definido para noviembre de este año.
En Balcarce 50 reconocen que los procesos de venta en la mayoría de los casos deberán pasar por la comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones del Congreso, que debe ser conformada con seis senadores y seis diputados. La Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tienen la tarea de presentar informes sobre el estado legal y financiero de las empresas.
