Los legisladores dialoguistas reanudan en la Cámara de Diputados, como en el 2024, la discusión por los fondos universitarios. El año pasado, la ley que aprobó el Parlamento fue vetada por el presidente Javier Milei, y su decisión fue blindada en la Cámara baja, que no alcanzó los dos tercios necesarios para derogarlo y el veto quedó firme.
Los diputados nacionales Danya Tavela y Maximiliano Ferraro presentaron un proyecto de ley que garantiza la estabilidad presupuestaria del sistema universitario público. La iniciativa propone la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, tomando como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024 y una fórmula mixta de actualización para este año. Proponen recomponer el salario de los docentes y no docentes universitarios.
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El proyecto establece que los fondos asignados a las actividades presupuestarias claves del sistema universitario se actualicen a partir del 1° de enero de 2025 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que durante el año se continúe con ajustes bimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).
El texto también prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios basándose en la inflación acumulada. Asimismo, propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
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“Frente a un contexto de ajuste fiscal que desfinancia a nuestras universidades, proponemos una ley que garantice previsibilidad, calidad educativa y acceso igualitario en todo el país”, expresó la diputada Danya Tavela (Democracia para Siempre).
Por su parte, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, aseguró que “destruir las universidades es destruir el futuro del país. Su desfinanciamiento no es un simple ajuste, es una decisión política que asfixia a nuestras universidades, compromete su funcionamiento, el pago de salarios y la calidad educativa”.
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Otro de los puntos clave de la iniciativa es la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior, incorporando criterios objetivos para la distribución presupuestaria, tales como el número de estudiantes, tipo de carreras, áreas estratégicas, egresos, actividades científicas y de extensión, garantizando además la equidad regional y la transparencia en la asignación de recursos.
“Presentamos esta ley convencidos de que el acceso a una universidad pública y de calidad no puede depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo. Es responsabilidad del Congreso garantizar el derecho a la educación consagrado en nuestra Constitución”, agregó Tavela.
La iniciativa fue acompañada por los diputados Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Fernando Carabajal, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.
El rol de la Auditoría
La Auditoría General de la Nación (AGN), deberá remitir al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de los fondos, reforzando la transparencia del sistema. Esto le dará un rol protagónico a una institución que hoy está funcionando con el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos. El resto del directorio, los tres representantes de Diputados, y los tres por la Cámara de Senadores, vencieron sus mandatos y el Congreso no definió sus remplazos.
La propuesta vetada por el Ejecutivo
La norma que finalmente sancionó el Senado, el pasado 13 de setiembre, estableció actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos otorgados durante 2024.
Además, estableció una recomposición salarial para los trabajadores de las universidades a partir del 1º de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante dicho período. Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el Ejecutivo debía actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación informada por el INDEC.
Finalmente, el 3 de octubre el jefe de Estado vetó la norma sancionada por el Congreso. El veto fue puesto a consideración de las Cámaras. A los pocos días, el pasado 9 de octubre, con 165 votos afirmativos, 85 negativos y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados mantuvo el veto y cayó la implementación de la ley de Financiamiento Universitario.
Consulta popular
Desde la bancada de Unión por la Patria, el diputado Pablo Carro, presentó un proyecto convocando una Consulta Popular Vinculante y obligatoria a la ciudadanía para garantizar los fondos de financiamientos para las universidades nacionales.
En sus argumentos el diputado Carro señaló que, “resulta evidente que el ajuste presupuestario operado en el último año y medio pretende socavar de a poco la autonomía universitaria, ya que, sin los recursos necesarios, las casas de estudio pierden la capacidad de proyectar y decidir sobre su funcionamiento”.
En próximos días comenzará nuevamente este debate que cruzará la campaña electoral 2025.
