El Congreso tendrá otra semana de tensión entre los diferentes bloques y mostrará al oficialismo nuevamente a la defensiva. Las interpelaciones a los funcionarios del Gabinete por el escándalo Libra el martes a partir de las 14 y la puesta en funcionamiento de la comisión investigadora, el miércoles a las 10, demandará una estrategia que desplegará en la Cámara de Diputados su presidente, Martín Menem, y el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni.
No hubo fin de semana largo para los diputados: los contactos no se interrumpieron pese a la Semana Santa, con mensajes de texto y llamados cruzados. La jugada oficialista de ampliar el número de integrantes para la futura comisión investigadora, con la proliferación de nuevos bloques e interbloques, llevó a los integrantes del Cuerpo a extremar una ingeniería para poder cumplir con los objetivos trazados.
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Hubo denuncias de varios sectores -como Encuentro Federal y Democracia para Siempre- contra el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por desvirtuar la integración de la comisión buscando lograr la mayoría. Pero el objetivo de la oposición siempre fue esclarecer lo que sucedió con el posteo del presidente Javier Milei impulsando la criptomoneda Libra, sin olvidarse de los costos políticos que el escándalo le generó al Gobierno.
En cambio, el oficialismo sostiene que las explicaciones que este martes deberá dar en el recinto el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, son motivo suficiente para cerrar el caso en su faceta legislativa para que, por su lado, siga trabajando la Justicia.
El primer paso: las interpelaciones
Este miércoles, durante su informe de gestión, Francos hizo a un lado las preguntas sobre Libra y prometió contestarlas en la interpelación. También responderán el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.
En cambio, los diputados ya saben que Luis Caputo no asistirá a la cita parlamentaria. El titular del Palacio de Hacienda ya le explicó al presidente Javier Milei su fobia a enfrentar al Congreso. Prefiere apariciones mediáticas pactadas de antemano. En el pasado Caputo no concurrió al Congreso a explicar los lineamientos del Presupuesto 2025; tampoco fue cuando se le reclamó su asistencia en el trascendental debate de la ley Bases.
La bancada de Unión por la Patria (UxP) no descarta denunciarlo por violación de los deberes de funcionario público y podía ser causal del inicio de un juicio político. En la realidad la oposición no cuenta con el número suficiente como para aprobarlo, pero si generaría un impacto político hacia el gabinete del Gobierno.
En el cierre de la sesión informativa de Francos, el jefe de la bancada de UxP, Germán Martínez, tomó la palabra: “Les recomiende a los funcionarios que concurran al Congreso”.
La comisión investigadora
Cuando en la sesión del pasado 8 de abril se aprobó su conformación, sus impulsares daban por descontado el control absoluto de comisión y hasta aseguraban que la presidencia recaería en un representante de UxP por su condición de primera minoría.
La realidad fue otra. Se crearon interbloques entre el PRO y el MID, y entre los libertarios y el monobloque CREO de Tucumán, lo que hizo que se sumen integrantes en conjunto y, por lo tanto, accedan a incorporar a algún integrante más en la comisión.
La resolución que creó la comisión investigadora hizo referencia a que sus integrantes estarían en proporción con la cantidad de legisladores de cada espacio. Cada bloque o interbloque con más de cinco integrantes tendría dos representantes, mientras que con cinco diputados accedería a una silla en la comisión. Además, un espacio accedería a una banca más por cada 20 diputados propios.
De allí la importancia de los reagrupamientos que se dieron en la previa a entregar a los miembros de la futura comisión. Nacieron además el bloque Liga del Interior, de los radicales libertarios que conduce Pablo Cervi, y del interbloque entre diputados del Frente de Izquierda y ex UxP, surgió Unidad, con seis integrantes y presidido por Nicolás del Caño.
Se pasó en un principio de una comisión con 24 miembros a una con 28, en una paridad de 14 legisladores para cada sector.
En los sectores cercanos al Gobierno sostienen que, ante esa paridad y para garantizar su funcionamiento, la presidencia la debería ocupar un diputado afín al oficialismo. “De lo contrario la comisión se quedará sin autoridades y con dificultades para funcionar”, le dijeron a TN. Pero desde los espacios que impulsaron la creación de la comisión aseguran que buscarán “desbloquear la comisión, y para eso hay que consensuar las autoridades”.
En el seno de Unión por la Patria saben que será difícil que los acompañen en la búsqueda de acuerdos para presidir la comisión, por lo tanto, ya piensan en otros representantes: no descartan apoyar Oscar Agost Carreño o Nicolás Massot, diputados de Encuentro Federal. UxP tiene la mayor cantidad de integrantes, con siete en total: seis por la bancada de Germán Martínez, más Julia Strada, por el interbloque con el Frente de Izquierda.
Otros sectores piensan que esa paridad se podría zanjar con la conducción del Cuerpo investigativo de un integrante de la Coalición Cívica o de las fuerzas provinciales de Innovación Federal. Allí están Agustín Domingo y Yolanda Vega, aunque las discusiones internas del bloque de Innovación, con terminales en los gobernadores de Río Negro, Misiones y Salta, podrían producir la renuncia de Vega y la llegada de un misionero.
El tiempo de trabajo de la comisión investigadora será de tres meses para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones. Una vez agotado el objeto de la investigación o transcurrido el plazo máximo fijado, y dentro de los 30 días corridos, deberá elevarse un informe final a Diputados detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos.
