Luego del paro de la CGT, que representó un distanciamiento de la central obrera y el Gobierno, el diputado del PRO -y aliado de Patricia Bullrich- Gerardo Milman presentó una iniciativa que golpea a las organizaciones sindicales. Se trata del régimen transitorio para la Democratización Sindical
El proyecto establece, en forma transitoria, la participación obligatoria de todos los trabajadores comprendidos en el ámbito de representación de una asociación sindical, estén o no afiliados, en los procesos electorales de autoridades sindicales. Es decir, cualquiera pueda participar en las elecciones.
La propuesta se suma a los debates que lleva adelante, desde el pasado año, el diputado Martín Tetaz (UCR), en la comisión de Legislación del Trabajo. Allí, en las últimas semanas, viene analizando distintos proyectos vinculados a modificaciones de las contribuciones y aportes emanados de los convenios colectivos de trabajo, la denominada cuota sindical. “Es uno de los pilares del debate sobre la democratización sindical”, le dijo a TN el diputado Tetaz.
“El proyecto apunta a los descuentos que efectúan las asociaciones sindicales. No podrán establecer, exigir ni imponer, aportes a los empleados de manera obligatoria”, señaló Tetaz en el debate en el segundo piso del Anexo de Diputados.
En ese mismo debate, el sindicalista y diputado de Unión por la Patria (UxP) Hugo Yasky planteó: “Estamos en presencia de una cantidad de proyectos que parten de desconocer la base jurídica del estado de derecho que garantiza la autonomía y la libertad sindical. Hay gremios que tienen cuota solidaria y otros no”, dijo el líder de la CTA.
El proyecto de Gerardo Milman
La nueva iniciativa, que busca modificaciones a la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, asegura que “la libertad sindical auténtica implica que los trabajadores puedan elegir democráticamente a sus autoridades, con igualdad de condiciones, transparencia y alternancia. Sin elecciones libres y genuinas, la libertad sindical es solo una ilusión”.
El proyecto apunta a terminar con la perpetuidad de los dirigentes sindicales en los cargos de secretarios generales en sus sindicatos. “El régimen sindical argentino presenta una deformación gravísima: el derecho a elegir está en manos de una minoría afiliada, muchas veces constituida bajo condiciones de presión, clientelismo o intereses creados. La consecuencia es la perpetuación de oligarquías sindicales, dirigentes que ya no representan a la mayoría de los trabajadores, sino que preservan sus cargos mediante padrones cerrados y bajas tasas de participación”, explicó Milman.
Los principales referentes sindicales llevan, en algunos casos, décadas ocupando los máximos cargos en sus respectivos sindicatos. Como los casos de Héctor Daer, uno de los titulares de la CGT y líder del gremio de Sanidad, 20 años; Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) 24 años; Hugo Moyano (Camioneros) 37 años; Andrés Rodríguez (UPCN) 34 años, lo mismo que el judicial Julio Piumato y más de 40 años Amadeo Genta (Municipales CABA), Luis Barrionuevo (Gastronómicos) y Armando Cavalieri(Comercio), entre otros.
“La mecánica actual excluye de la vida sindical a enormes mayorías de trabajadores que, si bien están alcanzados por los convenios colectivos carecen de toda voz en la elección de quienes negocian en su nombre. Esa exclusión no es inocente: opera como un mecanismo deliberado para impedir el cambio, neutralizar las fuerzas de renovación y sostener un sistema sindical cautivo.
Frente a este cuadro, proponemos una medida excepcional, inspirada en el ejemplo histórico que significó la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912. La instauración del voto obligatorio puede parecer, a primera vista, una contradicción con los ideales de libertad. Pero como bien lo entendieron los grandes reformistas de la democracia argentina, el voto obligatorio es, en determinadas circunstancias históricas, el único instrumento capaz de liberar las fuerzas de la ciudadanía adormecidas por el fraude y la exclusión”, fundamentó el diputado Milman.
El legislador establece que, durante un período transitorio de cinco años, todos los trabajadores deberán votar en las elecciones de sus sindicatos sin alterar la libertad de organización sindical. La fiscalización de los comicios seguirá en manos del Ministerio de Trabajo conforme a la legislación vigente.
