A través de la Resolución 429/2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación estableció un nuevo límite para el pago de remuneraciones económicas a personas privadas de libertad que no realicen tareas con fines de reinserción social.
La norma, firmada por la ministra Patricia Bullrich y publicada este viernes en el Boletín Oficial, busca corregir desvíos en el uso de fondos públicos destinados al sistema penitenciario.
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Según datos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a diciembre de 2024 había 11.728 internos, de los cuales el 66% (7545) recibía un incentivo económico.
Sin embargo, solo 2922 realizaban tareas productivas orientadas a la reinserción. El resto (4623) cobraba por cumplir tareas de limpieza, mantenimiento o higiene, pese a que muchas veces no las efectuaban.
Según el Gobierno, “se consolidó, en los hechos, un esquema que tergiversó la finalidad del trabajo en contexto de encierro” y “el pago de la remuneración se transformó en una asignación económica asistencial para la persona detenida y, en muchos casos, para su grupo familiar”.
Esta situación desincentiva la capacitación y promueve el asistencialismo, consideró la cartera nacional que dirige Patricia Bullrich.
En ese sentido, la norma establece:
- Solo el 5% de la población carcelaria podrá recibir una remuneración por realizar tareas no productivas como única ocupación.
- Deberán cumplir jornadas mínimas de 8 horas diarias para acceder a ese beneficio.
- El monto otorgado no tomará como referencia el salario mínimo, vital y móvil.
- El SPF deberá elaborar cronogramas, controlar el cumplimiento y reportar mensualmente a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios.
- Los pagos que excedan ese 5% o que no se correspondan con tareas reales serán dados de baja.
La medida se publicó semanas después de que la ministra ordenara cerrar los centros de estudiantes en los servicios penitenciarios, tras argumentar que los presos ocupaban su tiempo de trabajo en estos espacios.
La resolución del Gobierno sostiene que durante 2024, el Encope destinó más de $19.300 millones al pago de remuneraciones, lo que representó el 75% de su presupuesto total. De ese monto, un 60% se destinó a tareas no productivas.
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La resolución no modifica la obligatoriedad ya existente para todos los internos de participar en tareas de limpieza y mantenimiento en los establecimientos penitenciarios, tal como fue dispuesto por la Resolución 1346/2024.
Con esta medida, el Gobierno busca “revalorizar el trabajo como herramienta de transformación individual”, limitando el uso indebido de recursos y fortaleciendo políticas penitenciarias orientadas a la reinserción.
