La exvicepresidenta Cristina Kirchner presentará este lunes el recurso de “queja” ante la Corte Suprema de Justicia para pedir su absolución en la causa Vialidad. La exposición la hará su defensa ante el Máximo Tribunal.
Se trata del último recurso que le queda al abogado Carlos Beraldi, que defiende a la exmandataria, para intentar que la Corte revierta la pena a seis años de prisión a la que fue condenada CFK. El plazo vence el próximo martes 1 de abril.
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Entre los argumentos de la defensa de CFK sostienen que “se ha lesionado la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales”, como así también “el deber de objetividad” del Ministerio Público Fiscal.
De esta manera, si la Corte Suprema admite la queja, dará paso a la intervención de la Procuración General -que está a cargo de Eduardo Casal- para que lleve a cabo el dictamen. En el máximo Tribunal ya está en funciones Manuel García-Mansilla, el juez que nombró el presidente Javier Milei por decreto.
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De momento, no hay indicios respecto de cuál será la postura que tomará la Corte. No obstante, la semana pasada, la Cámara de Casación Federal rechazó el recurso extraordinario que presentó la defensa de Cristina Kirchner.
Con profundas críticas a los jueces que la condenaron, la exvicepresidenta había solicitado que el fallo sea revisado para revertir la condena, pero con esta sentencia, la única opción es recurrir en queja directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evitar que la condena quede firme.
La sentencia que dio a conocer la Cámara Federal de Casación Penal el 13 de noviembre no quedó firme, por lo que la expresidenta podría ser candidata en las elecciones legislativas de este año. El primer tribunal en condenar a Cristina Kirchner fue el TOF 2, en diciembre de 2022, donde se juzgó a la exmandataria por el desvío del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz.
En la causa Vialidad se investigan “irregularidades” en la concesión de obras públicas llevadas a cabo en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. En ella, la exvicepresidenta tiene una condena confirmada a seis años de prisión por “fraude contra la administración pública”.
