El Gobierno cambiará la estrategia de seguridad en la marcha de los jubilados y no aplicará el protocolo anti-piquetes. Según pudo saber TN, las fuerzas federales se ubicarán detrás del vallado que pondrán en las inmediaciones del Congreso y evitarán el contacto con los manifestantes. “Las calles van a estar cortadas. Se va a avanzar con un esquema de prevención”, expresan en Nación.
La Casa Rosada sostiene que reforzará los controles en los accesos ferroviarios y viales a la Ciudad de Buenos Aires con la participación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Encabezará el operativo el comando unificado que coordina Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura y la Policía Aeroportuaria.
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En Balcarce 50 no esperan barrasbravas y buscan evitar una situación similar a la del periodista Pablo Grillo, que sufrió una fractura de cráneo por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno que disparó la Policía Federal. Comparan el operativo de este miércoles con el despliegue que aplican las fuerzas federales en las aperturas de sesiones ordinarias del Congreso.
“Es como en el primero de marzo, se cierran los accesos con vallas y se aísla a los manifestantes”, agregan en el oficialismo. El Ejecutivo asegura que reprimirá a las personas que intenten derribar las vallas y manifiesta que utilizará camiones hidratantes para dispersar la movilización en caso de que se produzca un enfrentamiento.
La Casa Rosada mantuvo este martes una cumbre de Seguridad para afinar detalles del operativo de la marcha, a la que esperan que asistan sindicatos y movimientos sociales. La encabezó el asesor presidencial Santiago Caputo y participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, y al jefe de operaciones de Inteligencia, Diego Kravetz.
El encuentro se realizó en el despacho del consultor en Balcarce 50, comenzó a las 11 y terminó a las 12:40. Asistieron también el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Frango Mogetta. En Nación sostienen que analizaron la situación y que prepararon un esquema para “reaccionar a la violencia”.
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El Gobierno prepara un operativo de más de 1000 agentes federales para que trabaje en conjunto con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Asegura además que detendrá a todas las personas que “incurran en conductas que afecten la seguridad” y manifiesta que se respalda en el artículo 94 del Código Penal.
El Ejecutivo no espera la participación de manifestantes de otros países en la marcha y mantiene la postura de que la coordinación con las autoridades de la SIDE está relacionada al “adelanto de información que puedan brindar”. La Ley de Inteligencia (25.520) establece que la central puede trabajar sobre “hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”.
