El Gobierno cierra filas con Patricia Bullrich tras los cuestionamientos públicos por el accionar de las fuerzas de seguridad en el Congreso durante los incidentes que se produjeron en la marcha de jubilados.
Según pudo saber TN, la ministra fue respaldada internamente por el fuerte operativo que se desplegó en los alrededores del palacio legislativo ante los violentos enfrentamientos con la Policía. “No nos llamó la atención la forma en la que actuó. Es justamente lo que esperábamos de ella ante una marcha política que buscó desestabilizar la gestión”, expresaron en Casa Rosada.
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En concreto, el oficialismo se enfocó principalmente en la violencia de los manifestantes, en los destrozos del espacio público y las agresiones a los oficiales. Y, a partir de ello, acusan a la oposición de convocar a barrabravas y patotas para promover un “intento de golpe de Estado”.
De hecho, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue uno de los que reforzó esa idea horas después de los incidentes: “Sin duda que detrás de esto están el kirchnerismo, La Cámpora, los movimientos políticos que gobernaron el país en las últimas décadas. No encuentran un elemento para poder cuestionar a un gobierno que está dando soluciones y con el que la mayoría de los argentinos está de acuerdo, después del desastre y el desorden heredado. Buscan este camino, que es desestabilizar a partir del uso de la violencia y la represión policial, que es lo que corresponde para mantener el orden”, expresó en declaraciones radiales.
El ministro coordinador, además, defendió a las fuerzas de seguridad e intentó bajarle el tono a los episodios de Beatriz Blanco, la jubilada de 87 años que cayó de espaldas al ser empujada por un efectivo, y el reportero gráfico Pablo Grillo, herido por el cartucho de un gas lacrimógeno. “La Policía no le tira a una persona un gas lacrimógeno, la tira para que caiga y genere la salida de los revoltosos, para desconcentrarlos. A veces puede pasar que una situación de estas genere un accidente lamentable”.
Con esa misma retórica se manifestó Bullrich en conferencia de prensa: “Fue una marcha organizada por patotas, barras, agrupaciones de izquierda violentas, sectores que buscan desestabilización. Fue una situación de extremísima gravedad, con personas con armas de fuego y armas blancas. Además, encontramos clavos ‘miguelitos’ para pinchar neumáticos de las motos, de patrulleros”.
En este contexto en el que el Ejecutivo busca acelerar el envío de la Ley Anti-barras bravas al Congreso tras los incidentes. Se trata de una de las medidas que impulsará Nación luego del enfrentamiento del miércoles. “La ley ya está lista para salir”, remarcaron.
De acuerdo a lo que pudo reconstruir TN, el proyecto ya está en la secretaría de Legal y Técnica -que preside Javier Herrera Bravo- desde diciembre y fue impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Incluye la tipificación de las barras bravas como organizaciones criminales junto con medidas contra los dirigentes de clubes que colaboren con estas.
El texto busca enmarcar las actividades de sus integrantes como delitos de asociación ilítica y abarca penas de dos a cuatro años de prisión para quienes transporten armas o revendan entradas de protocolo. Contempla además sanciones de hasta seis años de prisión para autoridades de clubes que entreguen entradas a las barras.
La iniciativa apunta a desarticular también los negocios ilegales vinculados al fútbol, como el control de estacionamientos por trapitos en las inmediaciones de los estadios. En Nación sostienen que buscan cortar las fuentes de financiamiento de las barras.
El Gobierno busca endurecer el régimen de inhabilitación administrativa, que habilita a las autoridades a impedir el ingreso a los estadios a personas imputadas por delitos. Forma parte de las sanciones que busca aplicar el oficialismo con los manifestantes detenidos tras la marcha del miércoles.
Es por eso que el Ministerio de Seguridad está investigando los antecedentes y las vinculaciones de los detenidos por las fuerzas federales para determinar si tienen una relación directa con las barras de los clubes. “También estamos revisando las cámaras. Aproximadamente hay 70 más los detenidos por la Policía de la Ciudad”, expresan en Nación.
La Casa Rosada confirma además que incluirá documentación sobre supuestas concentraciones previas a la marcha en los municipios de los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Fernando Espinoza (La Matanza) en la denuncia penal que prepara junto a las autoridades de la Ciudad. Apuntan también contra la jueza Karina Andrade por liberar a los detenidos.
