Luego de intensos cruces por el reglamento de la Cámara de Diputados, se aprobó el emplazamiento a las comisiones de Finanzas, Asuntos Constitucionales y Justicia para debatir y dictaminar los proyectos de pedidos de informes e interpelaciones a funcionarios nacionales por el escándalo de las criptomonedas. La votación fue 146 votos afirmativos, y 84 negativos y se fijaron las fechas para el 18 y el 19 de marzo.
La oposición también logró el emplazamiento de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones Poderes y Reglamento para el próximo martes y miércoles a las 16 para debatir la creación de una comisión investigadora por el caso del escándalo de la criptomoneda $Libra. El resultado de la votación fue 134 afirmativos a 94 negativos.
“Estamos acá porque queremos conocer la verdad. Queremos saber si el 14 de febrero se empezó a escribir una historia en la Argentina un capítulo oscuro, lleno de retuits cómplices del poder”, dijo el diputado radical Pablo Juliano.
La Cámara baja no acompañó una solicitud del diputado Germán Martínez (UxP) para emplazar a la Comisión de Juicio Político y abrir el debate sobre el enjuiciamiento contra el presidente Javier Milei. La votación resultó negativa, 104 votos a favor contra 128 en contra.

La diputada Silvana Giudici del PRO calificó a Unión por la Patria de destituyente, mientras que su par de bancada, Alejandro Finochiaro dijo que, “si un diputado habla de estafa debe ir a la justicia y hacer la denuncia correspondiente”.
Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López señaló que, “no acompañamos el pedido de juicio político ya que es prematuro e irresponsable”. También el diputado radical Rodrigo de Loredo habló de “disparate institucional”.
Los pasos a seguir
A partir de la decisión la semana próxima las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia, presididas por los libertarios Nicolás Mayoráz, Bertie Benegas Lynch y Manuel Quintar, respectivamente, convocarán a un plenario para discutir los diferentes proyectos presentados por los legisladores. Van desde pedido de informes hasta pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y al vocero presidencial, Manuel Adorni.
Estas convocatorias serán los próximos martes y miércoles 18 y 19 de marzo a las 13. Esos mismos días, pero a las 16, también se convocará a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamento, que encabeza Silvia Lospennato, para debatir y dictaminar los proyectos de creación de una comisión investigadora.
Hay dos iniciativas, una de Democracia para Siempre, firmada por los diputados Pablo Juliano, Marcela Coli, Facundo Manes y Carla Carrizo, entre otros; y un proyecto del MID que integran Oscar Zago, Eduardo Falcone y María Cecilia Ibáñez, que proponen crear una comisión investigadora bicameral, conformada por ocho diputados y ocho senadores.

Una vez que las iniciativas obtengan los dictámenes correspondientes, los bloques que convocaron a la sesión especial este miércoles y emplazó a las comisiones, volverán a solicitar una nueva sesión. En esta oportunidad para discutir directamente los dictámenes correspondientes y por lo tanto ya no necesitarán mayorías especiales. Solamente deberán asegurarse los 129 diputados en sus bancas para lograr el quorum y abrir la Cámara. Después deberán lograr los votos para sancionar los proyectos.
Allí se abrirá un nuevo capítulo de presiones desde la Casa Rosada a los gobernadores, y estos a sus diputados para que no bajen al recinto. Los diferentes sectores deberán construir mayorías para lograr su aprobación, mientras que desde la oficialista La Libertad Avanza, intentarán una estrategia para contrarrestar los embates de UxP, Democracia para Siempre, Encuentro Federal y el Frente de Izquierda.
Una posibilidad que circula en diferentes oficinas del oficialismo y del PRO es consensuar con la jefatura de Gabinete, la presencia del ministro coordinador, Guillermo Francos para que brinde informes ante los diputados.

La declaración de Emergencia para Bahía Blanca
La Cámara baja aprobó un proyecto de la diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) acompañada por un centenar de firmas de legisladores de diferentes bloques y con acuerdo con La Libertad Avanza, para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en Bahía Blanca. Esta declaración se realiza con el fin de adoptar todas las medidas conducentes a restaurar y restablecer las zonas afectadas.
Las medidas de emergencia ambiental, económica y habitacional también alcanzan a los municipios de Villarino, Coronel Rosales, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí y Puán.
La iniciativa habilita una mesa de trabajo entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el presidente, Javier Milei y el intendente local, Federico Susbielles.
Mientras que La Libertad Avanza, por medio de José Luis Espert, titular de Presupuesto, y Gabriel Bornoroni, presidente del bloque oficialista, sumaron una iniciativa donde especifican de donde surgirán las partidas presupuestarias para cubrir la emergencia solicitada.

“El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, destinará una partida extraordinaria para intervenir y asistir inmediatamente a la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas afectadas. Estas acciones se implementarán en coordinación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gobiernos locales. Las prioridades y metodologías de distribución de los recursos asignados serán definidas conforme a la urgencia de las necesidades, con enfoque en el bienestar de las personas damnificadas y la restauración del medio ambiente y la biodiversidad afectada”, indicaron fuentes oficiales.
También el oficialismo propuso, “facilitar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos locales permitiendo su reactivación económica mediante la suspensión y renovación de las obligaciones bancarias y deudas pendientes al inicio de la emergencia, brindando un alivio inmediato a los productores y trabajadores afectados por las pérdidas económicas.
Asimismo, reclama la suspensión por hasta 90 días de juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias vencidas antes de la emergencia, garantizando que las familias, emprendedores y productores puedan concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción de sus medios de vida sin el riesgo de sanciones financieras inmediatas”.
La diputada del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, propuso en su iniciativa que el Comité de Emergencia por la catástrofe esté integrado por los vecinos de Bahía Blanca y que ellos participen en el plan de reconstrucción de la ciudad.