En su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, Javier Milei sostuvo que “quienes cometen delitos como adultos, paguen como adultos”. La referencia se produjo a días del crimen Kim Gómez, en La Plata: uno de los acusados por el asesinato de la nena tiene 14 años y es inimputable.
“Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Por eso necesitamos aprobar la Ley de baja de la edad de imputabilidad -les planteó el Presidente a los diputados y senadores-. Pero lamentablemente, llegará tarde”.
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En junio del año pasado, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa busca favorecer el derecho de las víctimas y establecer un régimen diferenciado en cuanto al tratamiento de resocialización y a las sanciones penales.
Además de la pena de prisión, el proyecto prevé sanciones alternativas como amonestaciones, prohibición de contacto o acercamiento, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, prohibición de conducción vehicular, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad.
Todo esto siempre que las penas no superen los seis años, sin el resultado de la muerte de la víctima y sin registros de procesamientos firmes anteriores, previo dictamen de una junta interdisciplinaria.
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El plenario de las cuatro comisiones ya se comprometió a acelerar el tratamiento de esta reforma. “El Régimen Penal Juvenil ha sido objeto de debate en el ámbito legislativo desde agosto de 2024, en un plenario conformado por las comisiones mencionadas. Se han llevado a cabo siete reuniones en las que expusieron 26 especialistas de distintos ámbitos, entre ellos, jurídico, judicial, fuero de menores, fundaciones, y médicos neurólogos”, firmaron los cuatro presidentes del plenario, Laura Rodríguez Machado, por Legislación Penal; Roxana Reyes por Familia, Niñez y Juventudes; Manuel Quintar por Justicia; y José Luis Espert, presidente de Presupuesto y Hacienda.
Este miércoles los legisladores intentarán poner fechas para la firma de los dictámenes y llevar el debate al recinto.
Los proyectos sobre la baja en la edad de imputabilidad
La discusión por la baja en la edad de imputabilidad atravesó a todos los espacios políticos. Además de la iniciativa oficialista, también están los trabajos de los diputados Ricardo López Murphy (Encuentro Federal), que busca crear “un sistema de responsabilidad penal juvenil que permita ser responsable a los adolescentes desde los 14 años”.
En el mismo sentido, en la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli también establece la responsabilidad en los 14 años, y busca “fijar como principios rectores la formación integral y la reintegración de las personas menores”. La radical Roxana Reyes sugirió la baja de edad de 16 a 14 años, mientras que Diego Santilli, del PRO, presentó una iniciativa que lleva la edad de imputabilidad a los 15 años.
Manuel Aguirre, de Democracia para Siempre, consideró que “la responsabilidad penal del menor de los 14 a los 18 años, pero previo a aplicar la norma, tenemos que hacer un estudio de la capacidad del menor de comprender lo que está haciendo”. Mientras que su colega de bancada Carla Carrizo dijo que “de 14 en adelante, sí; menos de 14, no: esa es la primera gran diferencia con el Gobierno”.
“Nosotros tenemos una propuesta integral que tiene que ver con la prevención, con la no reincidencia. Nosotros sostenemos que la edad tiene que quedar en 16 años”, sumó Natalia Zaracho, de Unión por la Patria.
A su turno, los libertarios Carolina Píparo y Álvaro Martínez -que también presentaron proyectos- dijeron que “hay que tener en cuenta la reincidencia de los menores desde que son imputables. Una vez que una persona ha tomado el camino del delito, debe ser tratado como tal, como un delincuente, incluso si es menor”. Martínez propuso que la edad de imputabilidad sea de 12 años, como en Brasil y México.
El diputado Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino, le dijo a TN que está a favor de bajar la edad de imputabilidad. “Seremos parte del debate y acompañaremos la sanción de la ley porque la realidad que vive la sociedad, así lo demanda”, advirtió.
“Sin embargo, creemos que deben formar parte del debate abordar la crisis carcelaria y una política correccional juvenil que permita la resocialización -advirtió Llancafilo-. La sanción de la ley por sí sola no resolverá toda la problemática, debe ser parte de un plan integral donde también es imperante que se trabaje el contexto social para evitar criminalizar a un sector que es propenso a la vulnerabilidad ante la falta de oportunidades, aunque en nuestro parecer, la decisión de delinquir es individual y a los 14 años se puede comprender la responsabilidad de los actos”.
