Tras la jugada de Milei, los senadores de la oposición quieren apurar el tratamiento, en el recinto, de los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla. Pedirán una sesión especial para la segunda semana de marzo.
Tras la inauguración del período de sesiones ordinarias, el próximo sábado 1 de marzo, el Senado analizaría los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema, si antes el presidente Javier Milei no los retira, ya que desde junio pasado están en consideración de la Cámara Alta.
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El senador radical Pablo Blanco adelantó por las redes sociales: “Voy a presentar un pedido de sesión especial para rechazar los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema que, por decreto, hizo el presidente Milei”. Y agregó: “Rechazo categóricamente la designación de los jueces de la Corte Suprema por decreto. Pasar por alto al Congreso amenaza la independencia judicial y la confianza en nuestras instituciones. Esto debe tratarse en el Senado. No es un rey ni un emperador”, cerró Pablo Blanco.
También el senador Francisco Paoltroni, expulsado del bloque oficialista por oponerse abiertamente a la nominación de Lijo y enfrentarse al asesor presidencial Santiago Caputo, ve la posibilidad de una pronta sesión en el Senado nacional.
Tras su paso por la Comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri (PRO), solo la candidatura de Lijo obtuvo las nueve firmas reglamentarias. García-Mansilla solo cosechó seis respaldos, pero la decisión del oficialismo siempre fue mantener el aval al catedrático.
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Este martes, el presidente Milei nombró a ambos candidatos por decreto y en comisión como ministros del máximo tribunal, generando cuestionamientos por parte de los principales espacios en el Congreso.
La principal fuerza opositora en la Cámara, Unión por la Patria (UxP), ya adelantó que rechazará las designaciones por decreto en el máximo tribunal “por tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente”. Desde el kirchnerismo indicaron que “Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”.
“Desde nuestra bancada, el pasado 26 de noviembre, ya habíamos anunciado nuestro compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona que acepte ser designada juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ y por vía de decreto del Ejecutivo, dado que de esa manera se incumplirían los mecanismos de designación para miembros del Máximo Tribunal que disponen las normativas establecidas”, remarcaron.
“Esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional y constituye una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución de la Nación Argentina. De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de derecho”, expresaron en un comunicado los integrantes de la bancada que encabeza José Mayans.
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La única excepción de respaldo fue el oficialismo de La Libertad Avanza. El senador Bartolomé Abdala señaló a TN: “Los seis integrantes del bloque acompañamos la decisión del presidente Javier Milei, que fue en el marco de la Constitución Nacional”.
El Comité Nacional de la UCR, que preside el senador Martín Lousteau, expresó: “Una vez más, el Presidente de la Nación demuestra su desprecio por la Constitución y las instituciones republicanas. La designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, además de un avasallamiento al Senado de la Nación, implica un avance en su lógica autoritaria. Nuestra Constitución establece un mecanismo complejo para la integración del más alto tribunal de justicia, mecanismo que requiere diálogo y construcción de consensos, algo a lo que el Presidente no está acostumbrado y de lo cual reniega abiertamente”.
“A pesar de las extorsiones y presiones ejercidas, el Poder Ejecutivo no ha conseguido los consensos necesarios para sus candidatos y, en consecuencia, recurre a un atajo para sortear el orden institucional con argumentos que no resisten el más mínimo análisis jurídico ni político”, señaló el comunicado.
Orgánicamente, la bancada que encabeza Eduardo Vischi, lamentó la decisión del Poder Ejecutivo, “de utilizar el instrumento de un decreto para la designación de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En esa línea, consideró como un “hecho como grave, imprudente e innecesario, ya que los mecanismos constitucionales se encuentran plenamente en funcionamiento”.
“A las puertas del inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, esperamos que se retome el camino de la búsqueda de los consensos para lograr normalizar esta situación de gravedad institucional, que solo está previsto para situaciones extraordinarias, y en este caso, no se condicen en este momento histórico”, dijeron los senadores de la UCR.
Desde el PRO, la senadora Tagliaferri afirmó que “se genera mucha incertidumbre y se lesiona a la institución. El Senado, en breve, podría rechazar los mensajes, y vamos a estar discutiendo si los jueces están o no bien nombrados, lastimando la institucionalidad de la Corte Suprema”. Tagliaferri preside la Comisión de Acuerdos, que llevó adelante las audiencias públicas en las que participaron y expusieron los candidatos Lijo y García Mansilla.
Rechazo del Colegio Público de la Abogacía
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo Gil Lavedra, señaló que “la decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un grave retroceso institucional, afecta seriamente la independencia judicial y significa desconocer los fundamentos que dan facultad al Presidente para designar durante el receso”.
Gil Lavedra agregó: “Los argumentos que se dan son absolutamente inatendibles. No es que el Senado tenga la obligación de prestarle acuerdo al presidente de la República; tiene que llegar a un consenso respecto de los nombres, por eso se exige una mayoría tan calificada. Pero no es que el Presidente les dio la oportunidad y, como no le prestaron el acuerdo, puede hacerlo por decreto. Esto no es una cuestión de ‘oposición a la política’. La nominación de los jueces de la Corte es política, pero, obviamente, lo que la Constitución requiere es que haya un determinado entendimiento, un determinado consenso entre el Ejecutivo y el Senado de la Nación respecto de los candidatos o candidatas”, concluyó.
