El Gobierno confirmó que Javier Milei designará por decreto a los jueces Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema. Así se conoció en un comunicado difundido en redes sociales de la Oficina de Presidencia.
“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”, informó en el texto.
Además, advirtió: “El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.
Cruces entre el Gobierno y la oposición por la designación de Lijo y García-Mansilla
En el texto que dio a conocer este martes, el Gobierno detalló los hechos sucedidos en el Senado desde que el Presidente eligió los jueces para proponer como candidatos a integrar la Corte Suprema.
Recordó que la decisión de Milei se comunicó el 20 de marzo de 2024; que el 15 de abril, “el Poder Ejecutivo cumplió con la publicación en el Boletín Oficial de la preselección de estos candidatos, dando amplia difusión a sus antecedentes curriculares”, y que en ese momento se iniciaron los expedientes administrativos para dar curso a los procedimientos de consulta y participación ciudadana.
El 27 de mayo envió al Senado los mensajes para solicitar el acuerdo. Recién el 21 de agosto se cumplió la audiencia de Lijo y el 28, la de García-Mansilla. Con todos esos pasos cumplidos, remarcó que “ambos candidatos quedaron en condiciones legales de obtener dictamen y que sus pliegos fueran sometidos a consideración del Senado de la Nación”.
También mencionó que no hubo tratamiento en el periodo ordinario del Senado y que entonces Milei incluyó el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias “dándole una nueva oportunidad al Senado para que prestara acuerdo a los candidatos nominados por el Presidente”.
“Desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el Presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la Cámara Alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”, cuestionó el Gobierno.
Además, recordó que “la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del Presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema” y que “el Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos”.
“En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos”, subrayó.
El Gobierno de Milei también cuestionó que “una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos”, pero que “sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.
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“En este contexto, cabe destacar que la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura”, planteó el Ejecutivo como argumento para defender los nombramientos por decreto.
También mencionó que esa facultad fue usada “por diversos presidentes de todo el espectro político, entre los que se encuentran Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y Macri, entre otros, y ha sido convalidada en reiteradas oportunidades por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
