El fiscal federal Eduardo Taiano quedó al frente de la investigación por la causa que se abrió tras la promoción de Javier Milei de la criptomoneda Libra y ordenó las primeras medidas de prueba.
Además del propio Presidente, son investigados Hayden Mark Davis (CEO de Kalsier Ventures), Julian Peh (CEO de KIP Protocol), Mauricio Gaspar Novelli (trader financiero), Manuel Terrones Godoy (empresario) y Sergio Daniel Morales (asesor de la CNV). La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quedó fuera de los nombres bajo sospecha. Taiano busca determinar el tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de Libra.
Todas estas decisiones del fiscal se dan luego de que la jueza María Servini, sorteada para avanzar con las denuncias, delegara en sus manos la investigación.
Leé también: Javier Milei habló del escándalo de la criptomoneda Libra: “Obré de buena fe y me comí un cachetazo”
Servini tiene 88 años, más de 40 como jueza y por sus manos pasaron numerosas causas que marcaron el rumbo político del país. De hecho, no es la primera vez que le toca intervenir en una causa que tiene como protagonista al presidente. En octubre de 2023, recayó en su juzgado la denuncia del expresidente Alberto Fernández por intimidación pública contra Milei y Ramiro Marra por la escalada del dólar blue.
La jueza federal, además, tiene a su cargo la competencia electoral, por lo que resulta relevante en cada elección. Con estas facultades, en noviembre de 2024, reconoció a Libertad Avanza (LLA) como agrupación nacional, lo que le permitió al oficialismo no depender más de otros partidos o de alianzas para presentarse a elecciones. Las elecciones de medio término de este año serán los primeros comicios con sello propio del oficialismo.
Además de otorgarle la personería jurídica, Servini aprobó los símbolos partidarios de los libertarios como un león, una peluca y una serpiente cascabel en espiral. En la misma sentencia, la jueza le dio seis meses a LLA para convocar a elecciones internas para elegir a sus autoridades. Actualmente, Karina Milei es la titular del partido.
Servini también fue la encargada de dirimir la última gran interna del peronismo cuando proclamó a Cristina Kirchner como la nueva presidenta del Partido Justicialista, tras validar la lista Primero la Patria, que encabezaba la exmandataria, y rechazar el pedido de suspensión que había hecho el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quién aspiraba al mismo cargo.
Ya con Milei como presidente, a Servini le tocó resolver la causa por los destrozos en las inmediaciones del Senado cuando se discutía la Ley Bases y, en una primera instancia, dejó detenidas a 16 personas por los incidentes. El hecho derivó en una movilización de familiares de los demorados para exigir su libertad y acusaron a la jueza de tener “presos políticos”. Días después, fueron liberados, aunque varios continúan con causas abiertas.
La extensa carrera de la jueza Servini
Oriunda de San Nicolás de los Arroyos, Servini comenzó su carrera judicial en 1976, un mes antes del comienzo de la última dictadura militar, cuando fue nombrada por la entonces presidenta, Isabel Perón. Su primera gran causa llegó en 1980, cuando quedó al frente de la investigación del Clan Puccio.
El 19 de noviembre de 1990, Carlos Menem la nombró jueza nacional en lo criminal y correccional N° 1 con competencia electoral y en 1991 quedó al frente del Yomagate, uno de los grandes escándalos políticos donde se acusó a Amira Yoma de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Finalmente, en 1994, la causa fue cerrada y todos los involucrados sobreseídos.
Leé también: Escándalo cripto: el Gobierno sigue de cerca la investigación interna y evalúa denunciar a los empresarios
El caso puso a Servini en el ojo de la opinión pública y comenzaron los primeros cuestionamientos a su relación con el poder de turno. Su actuación le valió el repudio de artistas, periodistas y otras personalidades destacadas del momento, cuando en 1992 le prohibió al humorista Tato Bores mencionarla en su programa. Fue apodada entonces como “la jueza Burúburubudía”. Muchos años después, admitió haber cometido un error.
La magistrada, que supervisa desde hace 35 años las elecciones nacionales, fue una pieza clave para garantizar la presidencia interina de Eduardo Duhalde tras la crisis de 2001, luego de la renuncia de Fernando de la Rúa, que derivó en 5 presidentes en 11 días. Servini fue quien habilitó legalmente la asunción de Néstor Kirchner, en mayo de 2003.
Volvió al ojo mediático cuando en 2023 rechazó reabrir la investigación del atentado de Montoneros al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976. Para la magistrada, el hecho que dejó un saldo de 24 muertos y 60 heridos no puede considerarse delito de lesa humanidad, ni un acto de terrorismo.
En la sentencia, la magistrada dijo que “no se puede considerar un acto de terrorismo en los términos de la definición prevista en el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, ni una grave violación a los derechos humanos”. De esta manera, dejó firme la jurisprudencia que asegura que las causas contra organizaciones políticas de los ‘70 no son crímenes de lesa humanidad y que ya están prescriptas.
