El Procurador general, Eduardo Casal, le envió este viernes una nota al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en la que solicitó que suspenda la aplicación del fallo “Levinas” que el máximo tribunal estableció que las causas nacionales pueden ser apeladas para su revisión al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. La sentencia fue dictada a finales de 2024.
Casal planteó que el fallo Levinas “dejará a este Ministerio Público Fiscal en una situación en la que se podrá ver impedido de cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan ante la justicia nacional con competencia sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con menoscabo para los intereses por los que debe velar”.
Dicho fallo contempla que después de la intervención en una causa por parte de una Cámara Nacional, se puede apelar a la justicia porteña antes de la Corte nacional. Por ello, el jefe de los fiscales le explicó a Rosatti que la Procuración General de la Nación tiene competencia para intervenir solo ante tribunales nacionales, por lo que no puede presentar apelaciones en el Tribunal de Justicia de la Ciudad.
“La actuación requerida por la nueva doctrina del Tribunal implica una actividad procesal para la cual las fiscalías nacionales no están legalmente habilitadas por la simple razón de que no tienen más competencia que la establecida en la ley, y ésta no les confiere legitimación procesal para actuar ante el foro local”, sostiene Casal.
El documento presentado por el procurador detalla que tampoco puede intervenir la Fiscalía General de CABA y sus fiscales porque se trata de una institución distinta. “Esa suerte de hipotética actuación mixta constituiría un obstáculo para el diseño de una política criminal coherente, pues la actuación de los fiscales nacionales conforme los criterios de actuación establecidos por este Despacho, podría verse frustrada de no ser estos compartidos por el ministerio público local que, como es obvio, habrá de regirse por los que le son propios”, aseguró.
En esa línea, Casal sostuvo que el fallo de la Corte Suprema no fijó un “criterio hermenéutico alguno para la adecuada solución de los problemas expuestos”. Y agregó: “No resulta posible para el suscripto mediante el dictado una instrucción general resolver la ausencia de habilitación constitucional y legal de los fiscales nacionales para intervenir ante un tribunal local”.
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Para el Procurador, la actuación de los fiscales “quedaría trunca, sin capacidad de impugnación plena, con perjuicio para los intereses sociales que deben defender”. Por ello, Casal planteó: “Me permito sugerir al Tribunal que suspenda la aplicación de lo decidido entonces hasta que se resuelva de manera normativamente adecuada la restricción que impide a este Ministerio Público Fiscal de la Nación llevar a cabo legal y eficazmente la nueva actividad procesal ante el fuero porteño que allí se demanda”.
