La Justicia ordenó el allanamiento de un hotel en Pilar en la causa que investiga al exministro de Transporte Bonaerense, Jorge D’Onofrio, por presuntas irregularidades en las contrataciones de empresas privadas dentro de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
El allanamiento se produjo este viernes por la mañana en una financiera ubicada en la planta baja del Sheraton Pilar por orden del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, en el marco de una causa que investiga al exfuncionario de Axel Kicillof por presunto lavado de dinero. El caso también involucra a su pareja, la expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, quien fuera destituida en noviembre pasado, al explotar el escándalo.
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Según una denuncia de la Coalición Cívica, D’Onofrio y Pombo habrían facilitado que una empresa llamada Solutiontec se hiciera cargo de la asignación de turnos para la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a las investigaciones, el director de esa compañía figura además como responsable de Token Capital, la financiera allanada este viernes.
Al llegar al hotel, los efectivos de Prefectura Naval se encontraron con algunas personas desmontando la financiera. Para evitar la destrucción de pruebas, se solicitó al Sheraton Pilar todos los contratos relacionados con la financiera y otros negocios dentro del hotel, incluyendo una peluquería también implicada. Además, se revisaron depósitos y bauleras vinculadas al caso.
D’Onofrio, dirigente del Frente Renovador, renunció en diciembre a su cargo en el Gabinete de Axel Kicillof luego de que la Justicia de Campana levantara el secreto fiscal y bancario del funcionario por el escándalo de la VTV. Pero este no es el único proceso judicial que enfrenta D’Onofrio. En paralelo, la causa que se tramita en La Plata, bajo la fiscalía de Álvaro Garganta, señala al ministro como parte de un esquema paralelo de gestores. Según la denuncia, ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar.
En este caso, la comisión que se cobraba por borrar las multas era del 30% del monto original. Esto generó graves pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Según la denuncia, la firma sufrió una caída en sus recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas.
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En esta maniobra, de acuerdo a la información judicial a la que accedió TN, está vinculado Mario Quattrochi, un juez de faltas de La Plata que habría facilitado la eliminación de infracciones a cambio de sobornos. El juez federal también ordenó que se levante el secreto bancario del magistrado y pidió al Registro de la Propiedad del Inmueble saber qué bienes tiene a su nombre.
En esa causa también está en la mira Claudia Pombo, quien se habría encargado de coordinar las actividades de los gestores que manipulaban el sistema de multas. Según las denuncias, ella formaba parte de una red que operaba a gran escala para ofrecer la eliminación de las infracciones a cambio de una comisión. En consecuencia, y tras el avance de la investigación, Pombo fue desplazada de su cargo como presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, puesto que ocupaba desde 2020.
