La diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, denunció a los agentes de tránsito que les hicieron los controles a los diplomáticos rusos. Pidió que “se investigue la conducta” de los funcionarios porteños.
En su presentación, Pagano afirmó que “este accionar pretende ser tapado por una supuesta falta de capacitación y negligencia en el respeto de las normas internacionales, atribuible no solo a los agentes de tránsito, sino también a los superiores jerárquicos responsables de supervisar y coordinar estas operaciones”. Y advirtió: “Cierto es, que bien pudo haber sido un episodio planificado con la única finalidad de afectar las relaciones de nuestro país con una potencia extranjera”.
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En la misma línea, la legisladora explicó: “En el contexto actual, la violación de convenciones internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas resulta especialmente inoportuna y preocupante, dado el complejo escenario en el que Argentina está exigiendo que otros Estados respeten los derechos de sus ciudadanos en el extranjero”. Además, hizo hincapié en que “casos como el del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, subrayan la relevancia de la reciprocidad y del respeto mutuo en las relaciones diplomáticas”.
Pagano fue tajante con los agentes de tránsito y sus superiores: “La inobservancia de estas normas por parte de funcionarios locales, como ocurrió en el operativo que motiva la presente denuncia, no solo erosiona la imagen de Argentina como un Estado respetuoso del derecho internacional, sino que también debilita su posición en reclamos diplomáticos. En el caso específico de Gallo, cualquier ‘negligencia’ por parte del gobierno argentino en respetar la inmunidad diplomática podría ser utilizada como un argumento por otros Estados para justificar o relativizar sus propios incumplimientos”.
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Y sentenció: “Argentina no puede exigir lo que no está dispuesta a cumplir. En momentos en que el gobierno argentino busca ejercer una presión diplomática significativa para garantizar el respeto por los derechos de sus ciudadanos en el extranjero, resulta imperativo que el accionar de sus funcionarios en territorio nacional sea un reflejo de los mismos valores y principios que reclama. De lo contrario, se compromete no solo la integridad de nuestras instituciones, sino también el bienestar de los argentinos en el exterior”.
El hecho ocurrió en un control de alcoholemia realizado en el barrio porteño de Recoleta. A lo largo de la mañana, los diplomáticos rusos Sergei Baldin y Cardmath Salomatin fueron demorados a bordo de sus vehículos con chapa diplomática, pero se negaron a realizarse el test.
Al respecto, la Embajada de Rusia consideró “una grave violación de derecho internacional” el control de alcoholemia a sus diplomáticos en Recoleta. “Consideramos lo ocurrido como una grave violación del derecho internacional, sobre todo sobre sus disposiciones sobre inmunidades diplomáticas”, dijo un funcionario que se identificó como el primer secretario de la embajada rusa en Buenos Aires, de nombre Alexander.
Según indicó el funcionario ruso, la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas establece que “ningún vehículo diplomático puede ser objeto de ningún registro o embargo”.
No obstante, la misma Convención sostiene en el artículo 41 que las personas que gocen de privilegios e inmunidades deben “respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor; tratar los asuntos oficiales de la misión con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con sus funciones”.
En este sentido, la Dirección de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió un comunicado para justificar el procedimiento que se hizo en Recoleta a los funcionarios rusos. “La Ley establece que no hay ningún diplomático que está exento de cumplir con los controles vehiculares. Así lo afirma el artículo 41 en su primer párrafo de la convención de Viena establece el acatamiento de las leyes del país donde habite un diplomático”, aseguró el organismo porteño.
Y finalizó: “Al negarse a realizar el control de alcoholemia, la Policía de la Ciudad tuvo que intervenir y trasladarlo a la Embajada para realizarlo”.
